PT presiona por regulación a armas de EU
Más de 70% del armamento asegurado en nuestro país provienen de Estados Unidos, y son vendidas sobre todo en Texas, Arizona y California
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional mostrando un arsenal de armas largas provenientes de EU
/Foto: Cuartoscuro- Isaac Esquivel Monroy
Senadores del Partido del Trabajo (PT) quieren que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explore nuevas rutas legales, diplomáticas y multilaterales para que los fabricantes de armas en Estados Unidos sean corresponsables de la violencia en México.
Los senadores del PT, entre ellos su coordinador parlamentario, Alberto Anaya, promueven un punto de acuerdo para que el Congreso haga un exhorto oficial a la Cancillería, al advertir que los fabricantes, por negligencia, venden armas sin controles adecuados, lo que facilita el equipamiento del crimen organizado.
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Además, piden que México impulse una posición firme en los foros internacionales para avanzar en mecanismos vinculantes de control sobre la exportación y venta responsable de armas de fuego.
El punto de acuerdo se presenta luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que el gobierno mexicano no puede demandar a los fabricantes de armas y hacerlos corresponsables de la violencia del crimen organizado. El fallo se dio este mes, luego de que en 2021, la SRE presentó una demanda civil con una corte federal de Massachussetts contra 11 fabricantes de armas, entre ellos Smith & Wesson, Glock, Colt y Barretta.
Los petistas Alberto Anaya, Geovanna Bañuelos, Yeidckol Polevnsky, Lizeth Sánchez y Karen Hernández consideran que el marco legal de Estados Unidos blinda a la industria ante cualquier intento de regulación o reparación del daño.
“Lo que la Corte ha ignorado es que la negligencia puede también ser estructural. Diseñar modelos de armas con iconografía militar o narcocultural, vender grandes volúmenes sin trazabilidad efectiva o permitir ventas repetidas a compradores sospechosos no es neutralidad empresarial, es complicidad pasiva, pero efectiva”, exponen.
El fallo de la Corte de Estados Unidos refuerza la impunidad corporativa que en el caso de México tiene consecuencias letales: miles de muertos, desplazados, comunidades fragmentadas, afirman.
“La batalla no ha terminado, México mantiene una segunda demanda contra tiendas de armas en Arizona, cuya conexión con el tráfico ilegal es más directa (…) México no puede aceptar que el lucro comercial de unas cuantas empresas valga más que la vida de la gente. La Corte Suprema ha fallado en justicia, pero no podrá silenciar la verdad”, agregan.
Refieren que más de 70% de las armas aseguradas en nuestro país provienen de Estados Unidos, y son vendidas sobre todo en Texas, Arizona y California.
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“De acuerdo con el Departamento de Justicia de EU y con datos de la SRE, entre 2015 y 2020 ingresaron ilegalmente a México aproximadamente 2.5 millones de armas, es decir, un promedio de 500 mil por año”, argumentan.
Destacan que las consecuencias son comunidades desplazadas por grupos armados que emplean fusiles de asalto y armas semiautomáticas de alto calibre, por ejemplo, en Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán.
