La primera reacción fue culpar al juez y se anunció que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por su actuación. Es decir, presumen que actuó de manera irregular el titular del juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Samuel Ventura Ramos.
La Fiscalía General de la República no se defendió públicamente de ese fallo que absolvió al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
La resolución del juez Ventura Ramos sostiene que la FGR no logró demostrar su participación en el secuestro agravado de los estudiantes, lo que significa que en más de siete años, las pruebas que el ministerio público ofreció no sirvieron.
Pero lo más importante es que de esos más de siete años, tres ya corresponden al fiscal Omar Gómez Trejo, quien podrá argumentar que no sigue los procesos sino las investigaciones, como lo solía decir Alfredo Higuera (hoy titular de Delincuencia Organizada), quien es el otro fiscal que completa otros dos años del caso, es decir, ambos acumulan más de cinco años que tuvieron cerca el caso en tribunales de Abarca.
Pero argumentar que sólo se ven investigaciones y no juicios es parcialmente cierto y más una respuesta fácil y cómoda, puesto que las pesquisas fortalecen los juicios, y a la inversa. No sólo eso: sin culpables no hay justicia y, lo último, la Fiscalía es una, no son fracciones de casos.
Si en la nueva narrativa, que nada tiene de nueva, este gobierno y fiscalía colocan a José Luis Abarca como uno de los personajes más importantes para decidir la desaparición de los estudiantes, su juicio era de máxima prioridad, y aún así lo perdieron.
Incluso lo perdieron pudiendo añadir la declaración del líder del cártel de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, libre en 2019, quien es su testigo estrella llamado “Juan”. ¿Por qué no lo usaron para fortalecer el caso?
Podría haber sido uno de los antídotos para frenar el incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promovieron los abogados de Abarca, argumentando que las pruebas contra su cliente estaban viciadas de origen, por todos los casos de tortura de los testigos y el desaseo procedimental en el ministerio público.
Pero hay un dato más grave, los litigantes citan un reciente testimonio de “Juan”, quien no menciona al exalcalde como parte de la operación para desaparecer a los estudiantes. Entonces, ¿el fiscal Gómez Trejo no le preguntó a su testigo estrella por todos los involucrados, incluido uno de los más importantes, que era Abarca?
Ahora que anuncian que presentarán una queja contra el juez, qué extraño, se tardaron más de una veintena de liberaciones para hacerlo. Pero en realidad Ventura Ramos no debería ser su objetivo, sino el Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, que emitió la resolución, que es el marco que ha permitido todas las liberaciones, y es el criterio que ha usado el juez. ¿Por qué no han puesto una queja contra los magistrados? La respuesta para no atacar al tribunal parece encontrarse meses antes de que emitiera el fallo ese órgano, cuando viajaron en varias ocasiones a Tamaulipas y se reunieron con el ponente, y sumaron esfuerzos para esa resolución (le ayudaron a redactarla), al menos eso muestran informes de inteligencia con foto incluida, en donde aparecen personas cercanas a Mario Patrón y Santiago Aguirre.
Desde hace más de cuatro años, llegó a la Suprema Corte la petición de revisión de ese fallo del tribunal, pero está guardada en el cajón.
A la luz de abogados de gran calibre, la defensa de Abarca usó argumentos falaces, y salió libre. Entonces la Fiscalía, simplemente no hizo su trabajo y ahora golpeó el corazón del caso Ayotzinapa.