Ahora sabemos que más del 80% del territorio de Guerrero fue embestido por la fuerza de un huracán y que los daños alcanzan todos los niveles de la vida familiar, social, productiva, de infraestructura, económica y hasta criminal. Una situación que puede llevar, en unos meses, a una condición cercana a la insurrección en algunas de las regiones.
Podría parecer una exageración, pero desafortunadamente no lo es. La acumulación de pérdidas en una sociedad ya fracturada por carencias, con una violencia constante que se ha intensificado en los últimos años, junto con una historia de luchas sociales y una guerrilla activa, puede propiciar un escenario propicio para la insurrección, ya sea de naturaleza social o incitada por grupos criminales.
Esta es la suma de razones: el huracán Otis ha ocasionado pérdidas tanto humanas como materiales, alterando el terreno (causando deslizamientos, inundaciones, etc.) destinado por la población para el autoconsumo o la venta directa. Además, ha propiciado el incremento en los precios de los alimentos básicos, situación que probablemente persistirá. Se prevé una escasez de empleo y de atención médica, entre otros efectos negativos.
Simultáneamente, el paso del huracán ha ocasionado la destrucción de plantaciones ilegales, como las de hoja de coca, cannabis y amapola, así como sus correspondientes redes de distribución y tráfico. Lo mismo ha ocurrido con los laboratorios utilizados para procesar estas drogas y el fentanilo.
Aunque esto último podría parecer un aspecto positivo, se convierte en un problema debido a que los integrantes de los grupos delictivos dependen de esos eslabones de la cadena, ya sea a través de la extorsión a pequeños y medianos empresarios (muchos de los cuales lo han perdido todo), o a transportistas (quienes también perdieron sus medios de trabajo), e incluso a mineros que podrán retomar su actividad laboral en unas semanas.
La ausencia de ingresos habituales para estos grupos retrasará la normalización de estos flujos ilícitos, especialmente con la presencia de numerosos elementos de seguridad federal, lo que ejerce presión sobre la gobernabilidad en estas áreas.
No debemos olvidar que estas organizaciones criminales controlan aproximadamente la mitad de los municipios de Guerrero. Esta realidad se hizo evidente tras el paso de Otis, cuando los habitantes comenzaron a saquear tiendas y cajeros automáticos. Aunque estos actos de pillaje podrían atribuirse a la desesperación de las personas, muchos de ellos fueron incitados, alentados e incluso coordinados por los grupos criminales, quienes observaban lo que ocurría y les entregaban los bienes sustraídos. Hay testimonios fiables que confirman esta situación. También se coordinaron robos a viviendas.
La interrupción temporal en la producción y venta de drogas, y en todo el mercado ilícito asociado, ya está ejerciendo presión sobre los habitantes de estas áreas, quienes se encuentran entre la amenaza y el control de estas bandas criminales, mientras luchan por su propia supervivencia.
Estas regiones, donde no ha existido ni siquiera un ejercicio real del Estado en el pasado y mucho menos en la actualidad, y que históricamente han enfrentado condiciones de escasez, muestran indicios incipientes de organización ante la falta de apoyo que aún no ha llegado. Es crucial que el diseño de los programas de asistencia considere esta variable, el malestar que podría convertirse en el germen de protestas más amplias, así como la posibilidad de que los delincuentes se aprovechen de la situación y la utilicen en contra de las autoridades, buscando obtener beneficios adicionales y creando espacios de ingobernabilidad más evidentes.