Las autoridades han decidido mantener en impunidad el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva. Al menos no han sido capaces de “reducir en algo la incertidumbre informativa” que, ha explicado el periodista esta semana, es naturalmente indispensable.
La policía que debe investigar este caso ha tenido ocho meses para tener mayor claridad sobre lo que pasó y por qué ocurrió, pero simplemente no hay avances. Esa misma policía que ha mostrado otros éxitos, incluso cuando ocurrió otro atentado, también de alto impacto, en Paseo de la Reforma en el año 2020, y obtuvo la información de lo que había ocurrido en pocas semanas y a detalle. ¿Por qué en este caso no se puede?
Y entonces las hipótesis surgen. De verdad, ¿no pueden o no se quiere? Y si esto fuera así, ¿por qué? Incluso hasta para agentes experimentados no es fácil descubrir la verdad de casos tan elaborados, pero después de más de 240 días, esta carencia de información y los limitados avances tienen una lectura de debilidad institucional. Si la ley le otorgó atribuciones para investigar a la policía y cuentan con recursos y herramientas, ¿entonces?
Ciro lo dijo claramente, primero en un tuit y después con más detalle en una entrevista con Carlos Loret: “la preocupación está allí: alguien me quiso matar y no tengo idea quién, ni por qué”. Y por ello agotará las instancias en México antes de tomar cualquier otra decisión. Adelantó que pedirá a la Fiscalía General de la República que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, que haga lo que debió hacer desde el principio, atraer el caso o ser coadyuvante e investigar. Pero ahora, por asepsia del caso, no sólo indagar el ataque sino también, y eso por oficio para descartarlo, si hubo omisiones y negligencia intencional.
Pero esa es la parte que le toca a las autoridades y a las instituciones que esperamos todos se comporten como lo que son, servidoras y protectoras de los ciudadanos, pero en el engranaje falta una pieza: los periodistas y los medios.
En este país se cierran cada vez más los espacios para ejercer el derecho ciudadano a la información libre, profesional y de calidad, a través de los periodistas y los medios, así que es momento de detenerse y plantearse la posibilidad de un nivel más alto y enérgico de protesta, antes de que la sucesión abra terrenos más peligrosos para la libertad de expresión.
El ataque a cualquier periodista, sea en Baja California, Yucatán, Tamaulipas o Chiapas, cualquier lugar o rincón del territorio, por motivos de su trabajo profesional, debe ser considerado un embate para cualquiera, una puerta abierta que pone en riesgo uno a uno.
Es tiempo de que el silencio intencional sea un estruendo. Que las portadas se publiquen en blanco, que los espacios de televisión y de radio enmudezcan por unos minutos, y en todas las redes se extienda la protesta del silencio, y tampoco que se hagan preguntas en la mañanera. Una y varias veces.
Por la forma y el lugar en que ocurrió, por la inacción de las autoridades, y porque sin duda el atentado está directamente vinculado a su profesión, el ataque a Ciro Gómez Leyva debe atar ya, por fin, esta protesta que debe ser sin ira ni victimizaciones, mucho menos intenciones ocultas, con el fin auténtico de investigaciones serias, contundentes y transparentes por parte de las autoridades, sean locales o federales de este caso y en cascada el resto de los casos pendientes.
Que por fin se comporten a la altura, sin simulaciones ni debilidades, mucho menos discursos mentirosos y perversos.
El escenario electoral generará aún más tensiones, mayores oportunidades para intereses ocultos y poderes maliciosos. Se hace necesaria una protesta seria, emblemática que envíe el mensaje sin duda alguna: ¡Ya no más! Y que también deje en evidencia la sevicia que existe en el discurso presidencial, definición precisa que encontró Ciro.
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Narcopolítica, operación por el poder