La duda es ¿quién es el que protege a exfuncionarios o quién simula, el presidente Andrés Manuel López Obrador o el fiscal Alejandro Gertz Manero o alguien más?, o ¿es el fiscal quien engaña al primero y le vende espejitos con sus acusaciones a medias o dirigidas a los puntos más débiles de la cadena o incluso engañan al fiscal?.
En las últimas semanas la Fiscalía General de la República sacó dos acusaciones que le dieron tiempo al fiscal para quitarse un poco el enojo del Presidente por su mal trabajo, las consignaciones por el operativo Rápido y Furioso, y la de los contratos en penales federales. Sí felicitó López Obrador a Gertz Manero, pero eso no significa que haya recuperado la confianza del mandatario, aseguran personas que conocen bien los ánimos de Palacio.
Pero hace falta que al Presidente le informen, si es que no está enterado, que las acusaciones son demasiado frágiles y que podrá pasar un año, pero la sentencia será para algunos cuantos, y sólo con unos cuántos años. No se trata de que no sean sancionados, sino de ser serios y plantear con claridad si hubo complicidades o no, de servidores públicos.
La más reciente, en la que se acusa, por ahora, a 16 exfuncionarios vinculados al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), es casi una broma por su planteamiento. Resulta que los funcionarios que ocuparon cargos en las áreas de recursos humanos y de administración, y coordinaron los penales cometieron el delito de uso indebido de atribuciones y facultades al firmar y mantener esos convenios millonarios, y ya. Digamos que fueron muy malos funcionarios, pero no recibieron beneficios ni nada, al menos no los han acusado de ello, y lo hicieron por su propia iniciativa, sin recibir órdenes.
Y sólo tres de ellos, todos de las áreas administrativas de la administración de Felipe Calderón: Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, Gonzalo Villarreal Guerra y Arturo Sosa Viderique, se asociaron de manera delictiva para que se firmaran esos contratos, pero tampoco recibieron beneficios según la Fiscalía.
Tal parece que los investigadores que integraron la carpeta que contienen las acusaciones, indagaron poco y ni siquiera leyeron el reglamento del OADPRS, que plantean los alcances y responsabilidades de cada área y puesto. Tal vez por eso no acusaron más arriba, a ninguno de los comisionados del Órgano, o del área de inteligencia de la Policía Federal (quienes debían aprobar los contratos que significaran alguna área de seguridad); tampoco a las áreas administrativas de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que transferían los recursos o de los órganos internos de control que debían supervisar… Es más, ¿siquiera los citaron a declarar?, la respuesta es no.
Esta acusación sí ubica a algunos responsables de esto que el gobierno considera, sólo en el discurso público de las mañaneras, una maquinación que significó contratos excesivos que dañaron las arcas públicas, y por los que se beneficiaron funcionarios y privados. Pero la acusación no tiene nada que ver con el discurso de López Obrador. Sí podrían pasar hasta 12 años en prisión, en caso de ser encontrados culpables, pero no muestra una red de corrupción como se ha dicho.
En otros casos, a otros servidores públicos acusados en esta causa, sólo les arruinarán la vida en los próximos meses en lo que demuestran su inocencia.
Así las cosas. No parece una justicia seria ni la desarticulación de la corrupción que tanto se dice, más bien pareciera acciones selectivas, de contentillo o simulación.