Maria Idalia Gomez

Monitorear un volcán activo es costoso, no sólo por el equipo que se requiere, sino también por la atención, el tiempo y el personal especializado que demanda, y la minuciosidad del trabajo que representa. Políticamente no es redituable gastar en ello, porque quién sabe cuándo se le ocurra hacer erupción, y mientras ocurre nadie lo nota.

En Guatemala, los daños a la población se dieron porque el Volcán de Fuego no era monitoreado por las autoridades en su totalidad. Aunque en una erupción el tiempo para reaccionar es muy poco, es posible salvar un alto número de vidas y recursos. Pero en este caso, no tenían la información suficiente para prever la erupción, por eso no evacuaron ni tenían un plan de emergencia, atención y rescate de los pueblos cercanos. Aunque fue una erupción pliniana nivel 1, la más baja porque puede alcanzar hasta nivel 5, pero la falta de esa supervisión científica causó hasta ahora casi dos millones de desplazados en condición de emergencia, heridos y muertos que todavía no terminan de contabilizarse, y daños sin poder calcularse aún.

La noticia es que esto mismo podría suceder en México, y de mayores dimensiones. Tenemos 48 volcanes activos, de ellos la mitad, unos 24, representan una amenaza potencial “muy alta” a “media” para los pobladores que viven en los alrededores y en varios kilómetros de distancia.

Aunque en la agenda de riesgos de Seguridad Nacional se incluye la posibilidad de que estos volcanes hagan erupción, lo cierto es que sólo se monitorean dos con todas las condiciones que deben ser, y sólo se tienen planes de emergencia y atención actualizados para ellos, el Popocatépetl y el Colima, por ser los más activos.

El monitoreo del resto de los volcanes potencialmente peligrosos se hace a medias por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, sin equipo actualizado o funcionando totalmente en esos volcanes, sin contar con todos los recursos que permitiría tener la información suficiente para prever una situación de emergencia. Los mapas de peligro se hicieron hace por lo menos 15 años y cuando estaban en actividad evidente.

Por si fuera poco, los gobiernos estatales no están coordinados con las autoridades federales para tener información permanente; pero tampoco las autoridades locales están revisando periódicamente los planes de emergencia; no se han hecho simulacros, ni revisado las rutas de desalojo, ni verificación de espacios de atención hospitalaria, instalación de albergues, ni siquiera campañas para que la población sepa lo que puede hacer y los cuidados que se deben tener en las zonas en donde no llegue lava, pero sí ceniza.

Nada, no hay nada actualizado ni coordinado. Algo similar a los terremotos. México es un país en donde hay volcanes y donde hay terremotos, pero no hay cultura de protección civil para vivir con ello, ni desde los gobiernos ni desde la sociedad. Esto empeora si vemos que las áreas de Protección Civil en los estados han sufrido reducciones de hasta el 30% en su presupuesto, porque no son considerados prioridad, no se les entrega o por alguna razón de trámite burocrático no lo han podido ejercer. Esto se agrava en estados donde se concentran estos 24 volcanes de alto riesgo: Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz, Chiapas, estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Baja California, Baja California Sur y hasta la Ciudad de México.

Para vigilar un volcán se requiere colocar estaciones de monitoreo sísmico, deformación topográfica a base de clinómetros, visual, y de gases con espectrómetro o en su lugar hacer trayectos de vuelo con equipo especial para gases. Toda la información que arrojan estos equipos se correlaciona para saber si se tiene un incremento súbito en la actividad volcánica o cómo va creciendo el domo de lava o si hay algún tipo de alteración en su comportamiento y, a partir de eso, que escenarios de riesgo pueden presentarse para la población.

Pero se necesita voluntad política y conciencia ciudadana de que esos volcanes activos sí representan un riesgo potencial para 13 ciudades del país y que podrían tener consecuencias mucho más extensas que lo que ocurrió hace unos días en Guatemala.

Compartir