La Zona Metropolitana del Valle de México funciona como un cuerpo con cuatro cerebros políticos: la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos e Hidalgo. Cada uno legisla a su ritmo, aunque comparten agua, aire y calles. El proyecto de un Parlamento Metropolitano –un espacio deliberativo permanente entre congresos locales– aspira a que esas decisiones dejen de ser islas normativas y se conviertan en políticas coherentes para toda la mancha urbana.
El Parlamento Metropolitano es una pieza de ingeniería institucional pensada para funcionar cuando cambien las mayorías y se renueven los titulares de los congresos. Su valor radica en fijar reglas de juego permanentes que blindan la coordinación legislativa frente al vaivén electoral.
Así, cada vez que la Zona Metropolitana necesite armonizar tarifas de transporte, cuotas de agua o políticas de seguridad, lo hará sobre un foro obligatorio y vinculante, no sobre pactos informales de “buena voluntad”. Esa arquitectura convierte la mera cooperación coyuntural en infraestructura legislativa, capaz de dar coherencia y continuidad a las decisiones que afectan a veintiún millones de personas.
Es aquí, donde confluyen las comisiones de los congresos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, respaldadas por un Secretariado Técnico rotativo y un voto ponderado que refleje la población de cada territorio. Sus integrantes no actúan como bloques partidistas, sino como delegaciones legislativas encargadas de revisar, proponer y sincronizar iniciativas sobre agua, movilidad, seguridad y residuos. En esencia, es un “cabildo interparlamentario” que convierte las actuales comisiones mixtas, hoy meramente consultivas, en un órgano de deliberación obligatoria.
La existencia misma del Parlamento Metropolitano refrenda una verdad que la megalópolis lleva años recordándonos: ningún congreso, por grande que sea, puede resolver en solitario los desafíos de un territorio donde el agua que bebemos nace en un estado, se potabiliza en otro y se consume en un tercero.
La cooperación parlamentaria convierte esa interdependencia cotidiana en una arquitectura normativa deliberada: al discutir y alinear proyectos antes de que cada pleno los vote, los congresos dejan de legislar leyes que chocan en los linderos administrativos y empiezan a producir normas espejo que funcionan de un lado y del otro. Esto no solo evita sobrecostos y litigios; también envía una señal política poderosa: las prioridades de la ciudadanía –movilidad digna, seguridad hídrica, aire limpio– están por encima de las fronteras partidistas o territoriales.
Este entramado legislativo llega cuando la Cuarta Transformación busca consolidar su “segundo piso” bajo la promesa de igualdad y bienestar regional. Cuando la crisis hídrica, la congestión vial y la inseguridad desbordan fronteras administrativas; y cuando la ciudadanía exige resultados coordinados, no discursos paralelos.
Al institucionalizar la colaboración entre congresos, el Parlamento Metropolitano ofrece un antídoto contra la fragmentación normativa que encarece servicios y duplica presupuestos. Más aún, traslada la gobernanza metropolitana del terreno de los pactos coyunturales al de los compromisos jurídicamente exigibles, otorgando a más de 20 millones de pesonas la certeza de que los grandes problemas de la megalópolis se legislarán con una sola brújula, sin importar el color político que predomine en cada entidad.
Si el Parlamento Metropolitano consolida esta dinámica de cooperación, la ZMVM podría, en una década, operar con una agenda legislativa conjunta que actualice sus marcos de movilidad, agua y seguridad cada vez que cambien las tecnologías o las amenazas, sin esperar a que coincidan calendarios locales.
Cooperar hoy no es sólo resolver las congestiones o el estrés hídrico del presente; es construir un andamiaje legislativo flexible que anticipe, adapte y responda a los retos de la próxima mitad de siglo con la fuerza de los congresos actuando como uno.
Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
