Es imposible que la Fiscalía General de la República no supiera con bastante antelación, por lo menos un mes, que Héctor Luis El Güero Palma Salazar estaba por dejar la prisión. Si no lo sabía, entonces el fiscal Alejandro Gertz Manero debería correr a dos de sus subprocuradores por ineficientes.
Pero todas las fuentes coinciden en que sí sabían. Lo que no está claro es si le informaron oportunamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Fiscalía tampoco solicitó a tiempo, a través de la cancillería y de su relación con agencias de otros países (especialmente de Estados Unidos), incluida Interpol, información sobre posibles órdenes de localización y aprehensión contra el que fuera líder del Cártel de Guadalajara.
Mucho menos revisó a tiempo, con las fiscalías estatales y en sus propias delegaciones en la entidades si tenían una investigación pendiente contra el capo.
De haber hecho su trabajo, al momento de informarle a López Obrador, le habría dicho que sería retenido y sometido a arraigo, en tanto se definía si había suficientes pruebas.
El punto central es que no es un sólo caso, la Fiscalía ha cometido varios tropiezos en ocasiones muy importantes y esto debería llevar a la reflexión si el equipo que acompaña a Gertz Manero es el mejor.
Una de las debilidades de esta institución es su incapacidad para integrar los casos en su contexto y agotar todas las líneas de investigación.
Por ejemplo, el periodista Carlos Loret dio a conocer este miércoles la portada del citatorio emitido por un juez contra 20 exdirectivos del sistema penitenciario federal. Lo consiguió hasta su tercer intento, ya en marzo lo había intentado en dos ocasiones, pero el juez le pidió que perfeccionara sus peticiones, porque no estaban debidamente sustentadas.
Este citatorio es una extensión de la acusación contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por presuntas irregularidades en ocho contratos de más de 260 millones de pesos de los penales de máxima seguridad de Sonora, Michoacán, Oaxaca, Morelos, Durango, Chiapas y Guanajuato.
Aunque entre las personas citadas aparecen funcionarios de la gestión de García Luna, más de la mitad son del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando los convenios en su totalidad se pactaron durante la administración de Felipe Calderón.
Fue en el gobierno panista que, gracias a las reformas aprobadas por el Congreso, lo mismo que el presupuesto, de contar en 2006 el Sistema Penitenciario Federal con seis CEFERESOS con 3,164 internos, para agosto de 2012 había el doble; 13 de estos centros con más de 20 mil internos. De manera acelerada, el plan preveía que para diciembre de ese año, en el primer mes de la administración peñista, se heredara en total 22 CEFERESOS, con capacidad para 45 mil reclusos. Esto no fue cumplido en plazo, pero los meses subsecuentes sí.
Esto significó que el andamiaje de contratos que recibió Peña Nieto debía asumirse y pagarse, y en otros casos, los menos, se amplió.
Pero no sólo se trató de estos espacios para los internos. Sino de una serie de contratos que se otorgaron a quienes ofrecían equipo, alimentos, insumos a los funcionarios penitenciarios, uniformes a internos, y más de una decena de rubros.
Sumado a esto, el plan establecía cerrar los penales viejos que, según la versión oficial, representaban más costos en su mantenimiento. Lo cierto es que no tenían esa lista de contratos que resultaron de costos excesivos. Se trataba de los centros de Tamaulipas, Jalisco y estado de México, a los cuales ya no se les proporcionó casi recursos para su mantenimiento.
Representó un negocio para legisladores, funcionarios del Ejecutivo y empresarios de todos los niveles, un plan avalado por muchos y obligadamente asumido por otros. La Fiscalía no tiene este mapa en sus investigaciones, ni siquiera el personaje que articuló el que se llamó en el gobierno de Calderón, el nuevo modelo penitenciario: el entonces subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, José Patricio Patiño Arias.
Tampoco se incluye a los funcionarios que posteriormente podrían haber tenido la capacidad legal para tratar de modificar estos contratos de alguna manera y que le fueron heredados, y habría que comenzar por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Hay una decena de exfuncionarios que no tenían capacidad legal para cambiar el rumbo de esos contratos, ni siquiera los negociaron; pero es evidente que la Fiscalía no investigó y se fue por la ruta fácil, la estridencia.