Hay empleados en la administración pública que medio cumplen o que aparentan cumplir, y hay servidores públicos que realmente hacen su trabajo y lo desempeñan con profunda ética, generan cambios, diseñan estrategias con efectos a corto y largo plazo, e incluso son capaces de construir una mística dentro de la institución que dirigen.
La extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, se ubica en el primer sector, a pesar de ser una persona con estudios tan sólidos en Derecho, con experiencia en el litigio y en temas constitucionales, también en organismos internacionales, y que mostró emoción por servir, pero sólo eso.
Ahora, después de poco más de cuatro años en el cargo, quienes la impulsaron y aún la acompañan en su círculo cercano, aseguran que fue muy difícil trabajar dentro de la Comisión con pocos recursos presupuestales y humanos, con apoyos sumamente limitados de las diferentes áreas y niveles de gobierno.
Todo lo anterior puede ser cierto, pero eso no la disculpa de no haber hecho su trabajo. Si existían esas condiciones, una persona con ese embalaje profesional y ético, con esos vínculos profesionales nacionales e internacionales debió causar un estruendo al alzar la voz, y si no era suficiente y no cimbraba, entonces renunciar mucho antes, para que su salida fuera el grito que removiera los cimientos. Pero no, decidió convertirse en funcionaria que cobraba su quincena, y mientras, vio cómo, en esos más de mil 600 días que laboró en la CNB, desaparecían en este país 44 mil personas, más o menos 26 cada uno de esos días.
Ya antes había buscado una salida. Apenas dos años después de su “compromiso” con los desaparecidos se abrió una vacante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como secretaria ejecutiva. Debió estudiar y viajar para acudir al proceso de selección, llegó a la final, pero no quedó. Se le criticó desde entonces.
Ahora fue el momento perfecto, bien calculado, para dejar el cargo, cuando se desarrolla el censo de personas desaparecidas, porque existen rumores de que se está “recortando” el número de personas no localizadas, para “mostrar” que son menos, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha negado y el subsecretario Alejandro Encinas ha apostado su prestigio en que no será así.
En realidad, Quintana Osuna ni siquiera fue clara, con el valor que una servidora pública para, en su caso, denunciar si hay irregularidades; sólo dejó una frase en su renuncia que se presta a cualquier interpretación: “en virtud de los contextos actuales”.
Entre los pasillos, a quienes les conviene (especialmente en estos tiempos políticos), la tratan como víctima de un gobierno que no quiso hacer lo suficiente para frenar estos actos criminales, localizar a los desaparecidos y devolver a los restos encontrados su nombre. Pero no, ella no es una víctima del sistema del que formó parte.
Con todos los equipos universitarios nacionales e internacionales que conoce y con los que creció no fue capaz de desarrollar proyectos para mapear las desapariciones y comenzar a comprender las causas, las formas en que ocurren y perfiles de los responsables, incluyendo autoridades. Tampoco para hacer verdaderos análisis de los perfiles de los hombres, mujeres e infantes que desaparecen, además de los victimarios. Mucho menos para coordinar los esfuerzos con los gobiernos locales y así construir bases de datos con los servicios periciales que generen protocolos, guías y mecanismos de búsqueda con las fiscalías, las policías y los colectivos.
No lideró los consensos en el legislativo para conseguir las reformas necesarias para castigar a los victimarios, pero también para obligar a las autoridades a investigar y hacer realmente el trabajo de búsqueda e identificación. ¿Y capacitación?, otra área en la que tampoco buscó recursos internacionales para los colectivos, las policías y las fiscalías.
Si bien el tema de las personas desaparecidas comienza con las autoridades locales y va escalando, y si bien Karla Quintana no era quien debía investigar los casos, la Ley General en Materia de Desaparición en su artículo 53 le plantea 53 obligaciones. Sólo en ello quedó debiendo demasiado. Una gran cantidad de colectivos.
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