Foto: hchr.org.mx

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Redacción ejecentral

El pasado 20 de junio, Jesús Bañuelos Acevedo estaba en un campamento que se realizó para protestar contra la operación del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, ubicado en Atitalaquia, Hidalgo.

El día de protesta trascurrió normal, hasta que un grupo armado irrumpió en el campamento, agredió a dos activistas y disparó en la cabeza a Bañuelos Acevedo. Pese a que la noticia no trascendió en los medios de comunicación, si llegó hasta las Naciones Unidas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del defensor de derechos humanos; quien señaló que el defensor de la salud y del medio ambiente fue asesinado en circunstancias que resguardaba un campamento.

Desde hace un mes, ambientalistas mantenían un plantón en los accesos al relleno como parte de su protesta contra la operación del lugar, a la que acusaron de causar daños ambientales en la zona.

“El asesinato del señor Bañuelos Acevedo es otra trágica evidencia de la grave violencia que busca acallar las voces de quienes defienden los derechos económicos, sociales y culturales en el país”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

Asimismo, reiteró que es el Estado el que tiene el deber primordial de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos contra personas defensoras del medio ambiente.

El reclamo de la ONU no solo se dirigió contra las instituciones del Estado, encargadas constitucionalmente de procesar los crimines, sino a las empresas privadas.

Así es, la ONU señaló que el sector privado “son cruciales para el desarrollo socioeconómico, también pueden jugar un rol muy importante para reforzar el reconocimiento de las tareas de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente”.

Pocas veces la ONU se refiere a los privados como agentes de cambio o con responsabilidad en hechos criminales. En este caso, la ONU-DH indicó que deben promover la comunicación y transparencia con las comunidades locales potencialmente afectadas por el impacto de sus proyectos.

En el caso que nos ataña, recordó la importancia de la efectiva aplicación del Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por México; el cual consagra la protección de las personas defensoras ambientales “como una obligación prioritaria del Estado, pues para gozar del derecho al medio ambiente sano, se debe proteger a quienes lo defienden”. DJ

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