El Instituto Nacional Electoral (INE) ha declarado válidas las elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio. Lo hizo con una votación dividida: cinco consejeros en contra, seis a favor. Más allá del resultado formal, lo que esta estrecha mayoría pone en evidencia es una fractura institucional profunda y, sobre todo, una grave interrogante sobre la legitimidad de un proceso que debió ser ejemplar.
Por primera vez en la historia democrática de México, el árbitro electoral validó una elección de esta magnitud sin el consenso mínimo de su propio pleno. La validez jurídica puede estar asentada en los votos de seis consejeros; sin embargo, la validez política y moral está en entredicho, pues casi la mitad del Consejo General —incluyendo a figuras de reconocido prestigio técnico— expresó serias reservas sobre las condiciones en las que se celebraron estos comicios.
Los argumentos de quienes votaron en contra no son menores: irregularidades operativas, falta de recursos suficientes para instalar todas las casillas, ausencia de reglas claras, y una preocupante opacidad en la selección de candidaturas. Se trata de factores que no solo afectan la organización del proceso, sino que cuestionan su integridad desde el origen.
Frente a ello, los seis votos afirmativos sostuvieron que, pese a las dificultades, el proceso se llevó a cabo conforme a las normas vigentes y que las irregularidades no alcanzaron una magnitud suficiente para invalidar los resultados. Es un argumento que, si bien cumple con el marco formal, no resuelve la duda central: ¿fue una elección auténticamente libre, equitativa y transparente?
Cuando el árbitro electoral habla con una voz dividida, la democracia se resiente. Y cuando se eligen jueces con métodos cuestionados, el riesgo no solo es político, sino estructural: se erosiona la independencia del Poder Judicial y se debilita el Estado de Derecho.
Hoy más que nunca, México necesita instituciones fuertes, confiables y transparentes. La credibilidad del INE y la legitimidad de quienes habrán de impartir justicia están ahora bajo el escrutinio público. Porque si algo nos enseña este episodio, es que no basta con contar los votos; también es indispensable contar con la confianza ciudadana.
La mejor opinión la tendrá usted, amable lector y electora. Porque la democracia no se defiende con discursos, sino con conciencia crítica, memoria activa y exigencia constante de rendición de cuentas.
@jlcamachov
