1ER. TIEMPO: El precio de acostumbrarnos. México no se volvió violento de un día para otro. Se fue acostumbrando. La normalización no fue un decreto, sino un proceso. Primero fue la cifra que dejó de escandalizar. Luego el video que dejó de sorprender. Después el retén que dejó de inquietar. Y finalmente, el silencio que dejó de incomodar. Hemos perdido la capacidad de asombro. Alejandro es un cineasta en Guadalajara que se quejaba de la “exageración” de los medios por haber difundido ampliamente las imágenes de los bloqueos, los transportes incendiados y las tiendas vandalizadas en decenas de estados como respuesta a la muerte de Nemesio Oseguera, el viejo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, alegando que “no era para tanto”. Admitió que él no había tenido ningún problema aquel día de caos urbano, porque le había llegado a su teléfono celular la advertencia de no salir a la calle para no poner en riesgo su vida. No alcanzaba a ver la contradicción de lo que decía, porque lleva años de estar acostumbrado a que la violencia cotidiana que para otros sería un escándalo. No aquí, donde la violencia ha dejado de escandalizarnos, sin darnos cuenta que las normas pierden fuerza reguladora. Esta es la síntesis del concepto del gran sociólogo francés Émile Durkheim sobre la anomia, que es el debilitamiento de las normas compartidas y la pérdida de referencia moral. Lo vivimos todo el tiempo. Aquí, la anomia tiene un subproducto, la impunidad, convertida en mensaje pedagógico: delinquir no tiene consecuencias. Hemos perdido confianza. En el vecino que puede estar forzado a colaborar. En el empresario que paga para sobrevivir. En el político que minimiza. La cohesión social se resquebraja cuando la sospecha sustituye a la solidaridad. Las comunidades se replegan, se organizan en autodefensas o se someten. En cualquiera de los casos, el Estado se retrae. Pero la pérdida más grave es moral. Cuando normalizamos la violencia, normalizamos la degradación de la dignidad humana. Aceptamos que haya territorios sacrificables y víctimas prescindibles. Alejandro no es un ciudadano con comportamiento de excepción; su conducta y reacción es el promedio nacional. Más de 575 mil personas han muerto en la larga lucha entre autoridades y criminales en lo que va del siglo, y no nos inquieta. Pero el país que se acostumbra a sus muertos, México no solo vive tragedias. Las administra, las digiere, y las normaliza. Cada acto violento inaugura el mismo ritual: indignación de 72 horas, conferencia oficial, cifras en disputa, promesa de investigación “caiga quien caiga” y, después, el silencio administrativo. La tragedia ha dejado de ser escándalo para convertirse en estadística. Y la estadística, en nuestro paisaje nacional.
2DO. TIEMPO: La estadística como coartada. En cualquier democracia funcional, un asesinato múltiple es una crisis política. Aquí es una nota que compite con el clima. Las ejecuciones dejaron de ser anomalías para convertirse en paisaje. Las desapariciones ya no paralizan ciudades; apenas interrumpen el tráfico digital de las redes sociales. Nos anestesiamos para sobrevivir, pero esa anestesia tiene efectos secundarios: erosiona la exigencia. Cuando la violencia se vuelve rutina, el Estado pierde el monopolio moral de la fuerza. No sólo porque no logra contenerla, sino porque la sociedad deja de reclamarle que lo haga. El umbral de tolerancia se desplaza. Lo que antes exigía renuncias -como exigió el empresario Alejandro Martí en 2008 ante el presidente Felipe Calderón y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, días después de que habían secuestrado a su hijo-, hoy se administra con comunicados y fríos mensajes en X. Lo que antes provocaba marchas, como la marcha contra la inseguridad y los secuestros en 2005, cuando era jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, hoy genera memes. El poder aprende rápido: si la indignación dura 48 horas, basta con resistir 72. Hemos perdido también la claridad semántica. A las masacres se les llama “hechos aislados”. A los desplazamientos forzados, “conflictos comunitarios”. A las zonas bajo control criminal, “incidentes focalizados”. El lenguaje oficial diluye la gravedad y, con ello, diluye la responsabilidad. Cuando las palabras se degradan, la realidad se distorsiona. Y una sociedad que no nombra con precisión no puede exigir con contundencia. En el terreno económico, la normalización de la violencia encarece todo. Inversión, logística, seguros, transporte. El impuesto criminal -cuotas, extorsiones, robo de mercancías.- se traslada al consumidor. El crecimiento potencial se comprime. La competitividad se erosiona. Se presume la relocalización, pero se omite el costo estructural de operar en territorios donde la ley es negociable. No hay nearshoring que compense la incertidumbre permanente. En el plano institucional, el daño es más profundo. Las policías municipales debilitadas, las fiscalías rebasadas, la inteligencia fragmentada. La respuesta ha sido la expansión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, un parche que posterga la reconstrucción civil. Hemos convertido la estadística en coartada. Y al hacerlo, reducimos la democracia a un trámite electoral desprovisto de seguridad básica. Pero sin seguridad, no hay libertad plena; sin libertad, la ciudadanía es nominal. La normalización es cómoda para el poder y funcional para el crimen. Para romperla se requiere elevar el costo político de cada fracaso. México no sólo ha perdido tranquilidad. Hemos perdido exigencia. Y sin exigencia no hay corrección. La violencia no se combate únicamente con operativos; se combate recuperando el escándalo. Eso ya no pasa, salvo por esos momentos de emociones pasajeras. Mientras no volvamos a indignarnos con la misma intensidad con la que nos informamos, seguiremos pagando el precio de acostumbrarnos.
3ER. TIEMPO: La anestesia colectiva. Desde la guerra declarada al narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón hasta la política de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador, el país ha transitado por estrategias distintas con un mismo resultado estructural: la muerte dejó de interrumpir la vida pública. Se volvió parte de ella. No es que no duela. Es que el dolor perdió capacidad de modificar decisiones. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cimbró al país. Durante meses, México marchó. El caso se convirtió en símbolo global de impunidad. Doce años después, el expediente sigue abierto pero el país ya no marcha con la misma intensidad. No porque haya justicia plena, sino porque la indignación también se agota. La tragedia dejó de ser excepcional. Se convirtió en patrón. Se reciclan cosas estudiadas, como ahora que recién se detuvo al exdirector de Tránsito en Iguala por delitos del fuero común para pescar una pista ya estudiada y descartada: que utilizó el celular de uno de los estudiantes un día después de haber sido privado de su libertad. O vuelven a pedir documentación al Ejército, que ya se la dió. No pretenden la justicia sino utilizar distractores en un país que a veces parece a la deriva. El sismo del 19 de septiembre de 2017 mostró la mejor cara del país: solidaridad espontánea, sociedad organizada, Estado rebasado. Pero incluso ahí, la reconstrucción fue absorbida por la opacidad, los contratos irregulares y la burocracia. La emergencia también se institucionalizó. El mensaje implícito fue devastador: nada cambia estructuralmente. Vivimos una economía del horror, donde un fenómeno menos visible y más profundo es la racionalización cotidiana del riesgo. “No salgas de noche porque es peligroso”. “No pases por esa carretera porque está la maña”. “No denuncies porque los policías sabrán dónde vives y puede haber represalias”. La población internaliza el peligro como variable de cálculo personal. En estados con presencia dominante de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, la violencia no siempre estalla; muchas veces regula. Y cuando regula, se vuelve rutina. La gente aprende qué colonias evitar, dónde colocan los ponchallantas, qué negocios pagan cuota y qué retenes no son oficiales. La tragedia deja de ser ruptura del orden y pasa a ser parte del orden. Eso es normalización. Como explicaba Émile Durkheim, vivimos un proceso de adaptación colectiva a un entorno crónicamente adverso. Los gobiernos - todos sin excepción-, han contribuido a ello. Cambian las narrativas, no las inercias. Se discute si la cifra correcta son 28 mil o 35 mil homicidios anuales, como si el debate metodológico amortiguara la pérdida. En la primera mitad del actual gobierno, la alta aprobación presidencial ha coexistido con la creciente percepción negativa de inseguridad y corrupción. La paradoja no es nueva: el ciudadano puede respaldar al liderazgo y, al mismo tiempo, resignarse a la tragedia estructural. La política aprendió que la indignación es cíclica y que el ciclo mediático es breve. Hay una explicación menos cómoda: la normalización también es mecanismo de defensa. No se puede vivir en estado de alarma permanente. La psique colectiva necesita amortiguadores. Pero el costo es alto. Cuando el horror deja de sorprender, pierde capacidad de generar reforma; cuando la fosa clandestina se vuelve noticia secundaria, la democracia pierde reflejos. La normalización no es indiferencia; es fatiga. Y hoy, México, corre el riesgo de acostumbrarse demasiado a lo inaceptable.
rrivapacio2024@gmail.com
X: @rivapa_oficial
