Hay momentos en que la política deja de ser interpretación y se convierte en evidencia.
El 29 de abril de 2026 es uno de esos momentos. Ese día, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, la misma que procesó a Joaquín “El Chapo” Guzmán, presentó ante la jueza Katherine Polk Failla el expediente 26-115: una acusación formal contra el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios del estado, por conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, y por delitos con armas de fuego en favor de Los Chapitos. Los cargos contemplan una pena mínima obligatoria de cuarenta años y máxima de cadena perpetua. No es un rumor, no es una filtración: es un indictment federal firmado por los fiscales Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles. Y es la primera vez en la historia de México que un gobernador en funciones enfrenta una acusación penal formal en Estados Unidos.
El indictment no acusa solo a Rocha. Junto a él están imputados el senador de Morena Enrique Inzunza Cazarez, el vicefiscal general del estado Dámaso Castro Zaavedra, el exsecretario de Seguridad Pública, el exjefe de Policía de Investigación, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y otros tres exfuncionarios policiales. Gobernador, senador, alcalde, vicefiscal, policías. Eso no es corrupción aislada, es arquitectura institucional del crimen.
Según consta en el expediente, Rocha asistió a reuniones con Los Chapitos antes y después de su elección de noviembre de 2021, prometiéndoles protección estatal. Al vicefiscal Castro Zaavedra, el funcionario encargado de perseguir el crimen, se le acusa de recibir aproximadamente once mil dólares mensuales a cambio de filtrar información sobre operativos respaldados por la DEA. Once mil dólares al mes, pagados al vicefiscal, mientras el gobernador ofrecía cobertura. Este caso no es una anomalía dentro del sistema. Es la mayor comprobación documentada del pacto que, según la acusación formal de un tribunal federal, existía entre funcionarios del gobierno de Sinaloa y el crimen organizado.
Ante todo esto, el gobierno federal reaccionó con una sola palabra: soberanía. La presidenta Sheinbaum declaró el 30 de abril que si no hay pruebas es evidente que el caso es político, y que no se permitirán injerencias. La frase es retóricamente impactante, pero jurídicamente es una distorsión deliberada. En el sistema federal estadounidense, un indictment no exige prueba plena de culpabilidad, sino probable cause: elementos razonables para sostener la acusación. Exigir el estándar de una sentencia para iniciar cooperación no es defender la soberanía. Es usar la jerga jurídica para proteger al acusado.
Pero el problema real no está en Washington. Está en México. El artículo 111 constitucional establece el procedimiento para proceder penalmente contra gobernadores: la declaración de procedencia. El fuero no es impunidad, es un mecanismo procesal que protege la función, no a la persona. El exministro Arturo Zaldívar y el jurista Diego Valadés coinciden en que cuando un funcionario solicita licencia y deja de ejercer el cargo, esa protección cesa. La conclusión es simple y devastadora: si la FGR no actúa, no es porque la Constitución se lo impida. Es porque no quiere.
Hay otro ángulo que merece atención. El 6 de abril de 2026, apenas tres semanas antes del indictment, la Suprema Corte abandonó el criterio Medina Mora y confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas bancarias sin orden judicial. Es decir, el gobierno federal amplió al máximo las herramientas de la UIF y luego las dejó quietas. Durante el sexenio anterior, la UIF fue un instrumento agresivo: bloqueó cuentas de empresarios, congeló activos de exfuncionarios, investigó a opositores, con nombre y apellido. Hoy, frente a un gobernador de su propio movimiento formalmente acusado en Nueva York de recibir sobornos de un cártel terrorista, la UIF no ha emitido un solo pronunciamiento. La ley no puede aplicarse según la afiliación política, porque cuando eso ocurre deja de ser ley y se convierte en instrumento de poder.
El 30 de abril de 2021, exactamente cinco años antes del indictment, la Cámara de Diputados desaforó al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con 302 votos a favor. La mayoría morenista argumentó entonces que el procedimiento era defensa de la legalidad. Hoy, esos mismos diputados cuestionan si procede el desafuero de Rocha Moya. Mismos diputados, distinto acusado, distinto criterio. Eso no es interpretación constitucional. Es política de partido disfrazada de derecho.
Un Estado de Derecho funcional no prejuzga, pero tampoco se paraliza. La FGR debería iniciar investigación con los elementos del indictment, que incluyen nombres, fechas, montos y testimonios de cooperantes, y construir su propio expediente. La Cámara de Diputados debería convocar a la Sección Instructora para evaluar la declaración de procedencia contra el senador Inzunza, quien no pidió licencia y conserva formalmente fuero. La UIF debería bloquear los activos identificados en el expediente estadounidense. Ese es el camino. No está bloqueado por la Constitución, está bloqueado por la voluntad de un partido que cerró filas.
Yeraldine Bonilla Valverde rinde protesta como gobernadora interina mientras Rocha Moya aguarda en paradero desconocido. El senador Inzunza, coimputado federal, sigue en sus bancas. Y la UIF, con facultades expandidas por la propia Suprema Corte, guarda silencio. Esto no es soberanía. Esto es complicidad institucionalizada.
La pregunta que Morena lleva días evitando no requiere análisis jurídico sofisticado ni interpretación constitucional compleja. Es una sola: ¿por qué no se investiga a los propios? Un gobierno que cree en la legalidad investiga a sus gobernadores cuando un tribunal federal los acusa formalmente de operar para el crimen organizado. Un gobierno que teme a la verdad los protege con el lenguaje de la soberanía. México merece saber en cuál de los dos vive.
Juan Pablo Beltrán Viggiano es concejal en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
