El Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea, tras décadas de negociación, representa un hito geopolítico para crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo (720 millones de personas), buscando reducir altos aranceles
Sin embargo, enfrenta fuertes resistencias por la asimetría agrícola-industrial, críticas ambientalistas y proteccionismo agrícola europeo (Francia, Austria), poniendo en duda su ratificación final y sostenibilidad.
Busca consolidar a la UE como principal socio comercial de América Latina, con un aumento proyectado del 37% en los flujos comerciales. Para el Mercosur, es una oportunidad para diversificar exportaciones y atraer inversión, mientras que para la UE es clave para asegurar materias primas y acceder a mercados cerrados.
Entre los beneficios para la UE, está el acceso preferencialmente a un mercado de más de 270 millones de personas, con riqueza de recursos naturales y oportunidades industriales. Las exportaciones europeas al Mercosur podrían crecer hasta un 40%, beneficiando sectores como maquinaria, farmacéutica, autos y servicios financieros. Incluso, el acuerdo le permite a la UE reforzar su presencia estratégica en Sudamérica, contrapesando la influencia creciente de China en la región.
Más allá de los aranceles, el tratado incluye compromisos para reducir barreras no arancelarias como reglas sanitarias, procedimientos aduaneros o licencias de importación y garantiza acceso recíproco a sectores clave como telecomunicaciones, comercio electrónico, transporte y servicios profesionales.
Igualmente se protege la propiedad intelectual y se incluyen más de 350 indicaciones geográficas (como vinos, quesos y embutidos europeos) frente a posibles imitaciones en Sudamérica.
La principal tensión radica en la competencia desleal percibida: el agro europeo teme productos más baratos del Mercosur (carne, azúcar), mientras que la industria del Mercosur teme ser desmantelada por la tecnología europea.
El acuerdo incluye compromisos de desarrollo sostenible y lucha contra la deforestación (hacia 2030), pero ecologistas y sectores críticos señalan la falta de mecanismos aplicables y reales para garantizarlos.
A principios de 2026, el acuerdo avanzó con apoyo de varios países europeos, pero enfrenta oposición en el Parlamento Europeo, que lo ha cuestionado y remitido al Tribunal de Justicia (TJUE) por mecanismos de reequilibrio, lo que prolonga la incertidumbre sobre su implementación efectiva.
En definitiva, el tratado Mercosur–UE es una oportunidad histórica para afianzar una alianza geoestratégica entre países con sociedades afines, que generará avenidas transparentes de inversión y comercio beneficiosas para ambas partes. Representa una promesa de crecimiento, inversión y desarrollo institucional para ambas regiones. Ahora el desafío es transformar esa promesa en resultados concretos. Para lograrlo, se requerirá visión de largo plazo, capacidad de ejecución y voluntad política. Pero lo que está claro es que los beneficios de abrirse al mundo, esta vez, superan con creces los temores.
