El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, endureció su postura frente a Morena y elevó la confrontación al intensificar su ofensiva legal y política, tras las acusaciones de la fiscalía federal de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Moreno fue más allá del señalamiento. Anunció denuncias formales ante la Fiscalía General de la República y lanzó una acusación de alto calibre: pedir el retiro del registro de Morena, al considerar que “no es un partido político, es un cártel del crimen organizado”. Además, exigió que Rocha Moya enfrente la justicia tras solicitar licencia y pidió al gobierno federal que lo entregue, junto con el senador Enrique Inzunza Cázarez, bajo el argumento de que son requeridos por autoridades estadounidenses.
Por cierto, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez acumula 14 días consecutivos de ausencia física en las actividades legislativas y ha registrado tres faltas consecutivas a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El contexto es clave. Tras solicitar licencia temporal al cargo, Rocha Moya reavivó antecedentes que la oposición no ha soltado. En 2021, PRI, PAN y PRD entregaron a la Organización de los Estados Americanos un expediente de 53 páginas sobre una presunta “narcoelección” en Sinaloa. Ahí se documentaron levantones, amenazas y agresiones contra operadores políticos en municipios
como Culiacán, Badiraguato, Guasave, Concordia y Elota.
Esclarecimiento de homicidios
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, exigió públicamente responder por el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Las voces priistas insisten en que no se trata de un hecho aislado, sino de una secuencia: “El secuestro de candidatos, la presión contra votantes”, refieren.
Sin embargo, el caso también exige matices. Como advierten especialistas, las denuncias ante instancias como la OEA tienen un alcance principalmente político y en materia de derechos humanos; generan visibilidad y presión institucional, pero no sustituyen a las autoridades nacionales. La responsabilidad penal, en última instancia, corresponde exclusivamente al Estado mexicano.
Lo cierto es que las declaraciones escalan, y no es para menos. Las etiquetas se multiplican en tiempos de tensión diplomática internacional. Si las acusaciones contra Rocha Moya tienen sustento y pruebas, estaríamos ante un caso de enorme gravedad: la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder.
“Alito” Moreno cuestionó que Rocha Moya siga contando con protección federal, mientras miles de ciudadanos en Sinaloa enfrentan diariamente la violencia e inseguridad, argumentando que se usen recursos públicos para proteger a un “narcopolítico”, como lo llama, en lugar de proteger a la ciudadanía.
Porque, más allá de partidos, lo que está en juego es también el Estado de derecho. La idea de que un proceso electoral pudo estar marcado por violencia o que actores públicos puedan estar vinculados al crimen no solo golpea a un gobierno o a una oposición: golpea al Estado mismo.
Hoy, el caso Rocha Moya es más que una disputa entre el PRI y Morena; refleja la persistente violencia en el estado. Ya no bastan los discursos ni las denuncias mediáticas. Lo único que puede sostener la verdad, es la evidencia. Y lo único que puede cerrar este capítulo es la justicia.
Alito Moreno exigió públicamente que Rubén Rocha Moya se entregue voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.
Confirmación presidencial
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó los rumores de que el mandatario con licencia hubiera huido del país. Aseguró que se encuentra en Sinaloa.
KAREN TORRES AGUILAR
Periodista & MKT Specialist
@KARENTORRES.MX
