Es indiscutible que la administración de justicia en México requería de una reforma profunda que fuera capaz de aprevenir la corrupción, combatir el nepotismo,erradicar el abuso de poder y atender el creciente rezago en la resolución de conflictos.
Las víctimas dela creciente violencia,corrupción e inseguridad, exigían un cambio de fondo en el quehacer de los juzgadores, sin embargo, la impunidad, se justifica bajo el argumento de la falta de recursos materiales, económicos y humanos, que se han traducido en unrezago histórico,característico de laomisión y negligencia de servidores públicosqueno asumen su responsabilidad constitucional, profesional e institucional, argumentandosu baja productividad por la mal llamada “Curva de Aprendizaje” que se puede resumir en sunula trayectoria jurisdiccional y su inexperiencia como personas juzgadoras,argumentos con los que pretenden evadir su responsabilidad como servidores públicos, que deberían ser garantes del derechoconstitucional de acceso a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial.
Por otra parte, los mexicanos hemos sido testigos de cambios históricos en la nueva integración del Poder Judicial, bajo un proceso de elección popular sin precedente, que se caracterizó por la escasa participación ciudadana de apenas un 13% circunstancia que nos obliga a ser ciudadanos más participativos e informados sobre las obligaciones asumidas por el nuevo Poder Judicial, ciudadanos respetuosos del cambio de paradigma en la administración de justicia, pero exigentes del cabal cumplimiento de las nuevas disposiciones constitucionales vigentes.
Vale la pena recordar, que este polémico proceso de elección de jueces y magistrados, mediante el uso de instrumentos didácticos con información definida estratégicamente, mejor conocidos como los “acordeones” que manipularon el sentido del voto popular, no ha terminado, nos falta un segundo proceso de elección, que se llevará acabo en junio del 2027, con la finalidad de renovar diversos puestos en el Poder Judicial de la Federación, Jueces y Magistrados locales en una decena de estados, sin olvidar que será la consolidación de una estrategia muy bien diseñada para mantener el control del Poder Judicial, diluyendo el justo equilibrio constitucional de la división de poderes.
En conclusión, para amplios sectores de la población, las reformas constitucionales que dieron origen a los nuevos Ministros de la SCJN, Jueces y Magistrados Federales, locales y los nuevos miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han provocadoreacciones muy negativas ante la incertidumbre que representa dejar en manos de ciudadanos sin capacidad, sin experiencia y sin formación profesional como personas juzgadoras, pero con excelentes ideales democráticos y con firmes convicciones ideológicas, el futuro de las víctimas del delito, la libertad de los justiciables, el ejercicio y protección de nuestros derechos, circunstancia que ha provocado desconfianza en la inversión de capital productivo nacional y extranjero, provocando la cancelación de diversos proyectos que detonarían el crecimiento de la economía, la generación de empleos formales y el incremento en la captación de ingresos federales, estatales y municipales mediante el pago de diversos impuestos, derechos y contribuciones, que son indispensables para el desarrollo económico, la estabilidad social y la consolidación de un proyecto de gobierno.
