En las últimas semanas, al interior de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) han comenzado a circular versiones sobre una reconfiguración en la toma de decisiones relacionadas con la obra pública federal, particularmente en Caminos y Puentes Federales, organismo que concentra una parte significativa del presupuesto del sector carretero. La atención se ha centrado en la presencia recurrente del secretario Jesús Antonio Esteva en recorridos y supervisiones acompañado por el director técnico de CAPUFE, Marco Antonio Figueroa Quiñones. Quienes entienden la lógica presupuestal coinciden: donde está la caja, están también las decisiones. En los pasillos se interpreta la cercanía entre los dos funcionarios como una señal de coordinación directa en proyectos estratégicos, en un organismo que administra recursos clave para mantenimiento, conservación y modernización de las autopistas.
De acuerdo con las fuentes, decisiones importantes sobre la asignación de contratos se habrían definido en la cúpula de la SICT, con el aval directo de Esteva Medina y con participación del subsecretario de infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, para su ejecución administrativa. Si se confirmara este esquema, CAPUFE no solo marcaría el paso financiero del sector, sino también el ritmo de adjudicaciones y prioridades en obra pública. El contexto cobra relevancia si se considera que el organismo carretero concentra algunos de los contratos más importantes en infraestructura de movilidad: Mantenimiento, modernización, telepeaje y obras multianuales que lo convierten en una pieza estratégica de cara al siguiente ciclo presupuestal.
En este contexto, también se ha mencionado la posibilidad de trasladar mayores atribuciones técnicas y presupuestales desde la SICT hacia CAPUFE, con el objetivo de centralizar la gestión de la obra pública carretera. Funcionarios consultados señalan que este tipo de reacomodos no es inusual, aunque reconocen que el volumen de recursos involucrados eleva la atención sobre el proceso. Otra línea se centra en el actual director general de Caminos y Puentes, Rubén Hernández, quien es mencionado por su cercanía con la Presidencia de la República. De hecho, algunos movimientos internos han sido interpretados como parte de una posible reconfiguración de mandos, aunque hasta el momento sólo son rumores.
A estos señalamientos se suman antecedentes administrativos. Informes de la Auditoría Superior de la Federación documentaron en ejercicios previos observaciones en obras del Centro SICT Nayarit, periodo en el que Marco Antonio Figueroa tuvo responsabilidades en esa entidad. Las observaciones incluyeron pagos en exceso y deficiencias en la supervisión, con reintegros posteriores a la Tesorería de la Federación. Igualmente, textos periodísticos han referido reuniones entre Jesús Esteva con Manuel Rodríguez Arregui, exsubsecretario de Transporte en el sexenio de Felipe Calderón, etapa asociada a contratos opacos y esquemas cuestionados en infraestructura.
Dentro de la SICT se podría empezar hablar en semanas sobre “huachicol de obra pública”, esto para referirse a la disputa por el control de contratos y decisiones en proyectos carreteros. Los señalamientos apuntan a una concentración de autorizaciones en áreas clave. Al tiempo.
Voz en Off
Que ya está en agenda en el Senado de la República, la revisión aprobada que en noviembre de 2025 se solicitó sobre el caso Bonafont, constituyendo un acto legislativo que mantiene a Danone México cuya CEO es Silvia Dávila, bajo un escrutinio institucional que se extenderá a lo largo de 2026, al involucrar a diversas autoridades federales como Conagua, Semarnat y Profeco, en la evaluación de presuntas afectaciones ambientales, uso de concesiones de agua y posibles prácticas de greenwashing; este frente regulatorio abierto que enfrenta la también Presidenta de Danone para toda Latinoamérica, incrementa de manera significativa el riesgo reputacional y operativo para la compañía, introduce incertidumbre sobre la continuidad y condiciones de sus permisos, y anticipa mayores exigencias de cumplimiento y costos adicionales, y malas decisiones, y sobre todo mala forma de comunicar, al tiempo que limita su capacidad de planear inversiones de mediano plazo y deteriora la percepción del mercado sobre la estabilidad de sus operaciones en México, con creciente presión política y social sobre el uso de recursos naturales por parte de grandes corporativos….
juliopilotzi@outlook.com
@juliopilotzi
X: @juliopilotzi
