Hay una pregunta que, guste o no la respuesta, toda democracia debería hacerse con regularidad: ¿qué pasa cuando quien encabeza la oposición empieza a acumular, uno tras otro, procesos legales, detenciones de gente cercana y solicitudes para quitarle el fuero? La respuesta puede ser que el aparato del Estado se esté usando, con paciencia y calendario político, para desgastar al adversario más incómodo. Ese es exactamente el terreno donde hoy se libra la disputa entre Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, y el gobierno de Morena.
Moreno Cárdenas no es un opositor cualquiera. Desde que tomó las riendas del tricolor, ha sido, con matices, la voz más constante y más agresiva en contra de Morena. Ha llamado “narcopartido” y “narcogobierno” al movimiento en el poder, ha acusado al oficialismo de captura institucional y ha convertido cada tribuna legislativa disponible en un espacio de confrontación abierta. Esa beligerancia tiene un precio, y quienes lo defienden sostienen que ese precio se está cobrando ahora mismo, con instrumentos que ya no son solo políticos sino judiciales.
Los hechos recientes alimentan esa lectura. La Fiscalía de Campeche solicitó desde julio de 2025 el desafuero de Moreno por un presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador, un proceso que lleva más de un año sin resolverse en la Cámara de Diputados. En agosto de 2026 la presión ha escalado: fueron detenidos un contador vinculado a empresas del hermano de Moreno y un exdirector de comunicación, ambos señalados por el mismo caso de desvío de fondos. Moreno respondió calificando la detención como “persecución abierta del Estado mexicano” y como parte de una “cacería contra los opositores”, responsabilizando directamente a la Presidencia y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de usar a las fiscalías estatales como ariete contra la disidencia.
Para quienes comparten esa lectura, el patrón resulta difícil de ignorar: el líder de oposición más ruidoso del país enfrenta, casi en simultáneo, un desafuero, detenciones en su círculo cercano y sanciones del árbitro electoral por sus dichos contra el oficialismo. Se trata, argumentan, de una combinación de señales que en cualquier democracia consolidada encendería alarmas porque el momento, el ritmo y el destinatario de la acción judicial parecen demasiado convenientes para quien gobierna. Cuando el aparato de justicia se activa con especial vigor justo contra quien más incomoda al poder, y con menor vigor contra aliados del propio gobierno señalados por hechos similares, la sospecha de selectividad deja de ser una ocurrencia paranoica y se vuelve una pregunta legítima de rendición de cuentas democrática.
Y es ahí donde entra el argumento de fondo, el que trasciende a Alejandro Moreno como persona y por el cual vale la pena escribir: una democracia no se mide solo por la limpieza de sus elecciones, sino por si la oposición puede ejercer su función —fiscalizar, confrontar, proponer alternativas— sin temor a que cada golpe político se le regrese convertido en expediente penal. Si gobernar bien incluyera, como efecto colateral aceptable, la posibilidad de neutralizar judicialmente al adversario más molesto, entonces la competencia democrática dejaría de ser tal para convertirse en una simulación con resultado conocido de antemano. Ese riesgo —el de instituciones de justicia capturadas para fines de calendario político— no es exclusivo de México ni de un solo signo ideológico, pero es especialmente corrosivo cuando ocurre bajo gobiernos que llegaron al poder prometiendo precisamente lo contrario: acabar con el uso faccioso del Estado.
Lo que debería preocupar a cualquier ciudadano, vote o no por el PRI, simpatice o no con Alito Moreno, es que la línea entre justicia y venganza política se vuelva cada vez más difícil de trazar en el debate público mexicano. Esa ambigüedad, sostenida en el tiempo, es la que de verdad erosiona la confianza democrática: no solo cuando un culpable escapa, sino cuando ya no sabemos distinguir, con evidencia y no con consigna, quién es perseguido por delinquir y quién por disentir.
@jlcamachov
