En un país donde la palabra “justicia” suele pronunciarse con más esperanza que certeza, el caso de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿para quién funciona realmente el sistema judicial?
La escena es conocida y, sin embargo, no deja de estremecer. Austria, hija de la víctima, encabezando una protesta frente a un tribunal; no por venganza, sino por algo mucho más básico: garantías de seguridad y un proceso justo. Su exigencia no es extraordinaria, es lo mínimo que cualquier Estado debería asegurar. Y aun así, tiene que salir a la calle a pedirlo.
La decisión de otorgar prisión domiciliaria al presunto feminicida, Mario Alberto Sabag Corona, no solo abre un debate jurídico, sino también ético. Porque más allá de tecnicismos legales, hay un elemento que parece haberse diluido: el sentido de realidad. ¿Cómo se justifica una medida cautelar más laxa cuando el imputado ni siquiera se presenta a una audiencia? ¿Qué mensaje se envía a las víctimas cuando el riesgo es evidente y, aun así, se minimiza?
No se trata únicamente de un expediente mal resuelto. Se trata de un patrón que se repite: procesos largos, decisiones cuestionables y víctimas que, además de enfrentar la pérdida, deben cargar con el peso de exigir justicia. En este contexto, hablar de “perspectiva de género” no es un capricho discursivo, sino una herramienta indispensable para entender el riesgo diferenciado en casos de violencia contra las mujeres.
La denuncia contra la jueza Amarande Riojas Orozco no es un acto aislado de inconformidad; es un síntoma de una desconfianza más profunda hacia las instituciones. Cuando una familia llega al punto de responsabilizar a una autoridad judicial por cualquier posible agresión futura, lo que está en juego no es solo un caso, sino la credibilidad misma del sistema.
Y aquí es donde la discusión debe incomodar. Porque no basta con señalar errores individuales. El problema es estructural. Un sistema que permite que un presunto feminicida enfrente su proceso desde casa, sin controles claros y tras ausentarse de una audiencia, no solo falla en lo jurídico, falla en lo humano.
Austria lo ha dicho con claridad: teme por su vida. Esa frase debería ser suficiente para activar todos los mecanismos de protección del Estado. Pero en México, demasiadas veces, el miedo de las víctimas no es una alerta, sino un antecedente.
El caso de Maciel no puede convertirse en otro número, en otra historia que se diluye entre estadísticas. Porque cada decisión judicial envía un mensaje, y hoy el mensaje parece ser peligrosamente ambiguo: que la justicia puede esperar, que la seguridad de las víctimas es negociable.
La pregunta final no es si habrá sanciones o revisiones. La pregunta es si el sistema será capaz de corregirse antes de que el daño sea irreversible. Porque cuando la justicia llega tarde, o no llega, deja de ser justicia. Se convierte, simplemente, en abandono.
Sobreprecio de gasolina
El encarecimiento de la gasolina en la Península de Yucatán vuelve al centro del debate, ahora con presión sindical. Las acusaciones apuntan a CorpoGas, vinculado a Ricardo Antonio Vega Serrador y a la familia Mouriño, como eje de un presunto control del mercado en Quintana Roo que permite vender combustible sistemáticamente por encima del promedio nacional, esto, derivado de viejas redes políticas con el PRI y el PAN. Lo relevante es el efecto: un mercado con competencia limitada que impacta directamente en sectores productivos y en el gasto cotidiano de las familias.
Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema en su conferencia, donde volvió a mencionarse la problemática del suministro y los precios en la región.
La irrupción de sindicatos en esta disputa podría marcar un punto de inflexión. No sólo porque anuncian acciones ante Profeco, sino porque colocan el tema en el terreno político donde las omisiones pesan tanto como los abusos.
