El pasado 25 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) emitieron un pronunciamiento conjunto sobre la situación actual en Cuba. El documento se divide en dos ejes centrales: un diagnóstico de la crisis humanitaria y una denuncia sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Según el informe, el agravamiento de la precariedad en Cuba ocurre en un contexto de ausencia de institucionalidad democrática. La CIDH coincide con la alerta del Secretario General de la ONU, António Guterres, sobre el riesgo inminente de un colapso humanitario. Esto se manifiesta en el quiebre de servicios básicos, escasez de alimentos y medicinas, y una crisis energética que golpea severamente a los sectores más vulnerables: niños en edad escolar, mujeres embarazadas en hogares maternos y ancianos en residencias.
A esta crisis de subsistencia se suma, según los organismos, la profundización de la represión estatal contra opositores del gobierno y disidentes del Partido Comunista; elevado número de encarcelamientos a personas que pretenden ejercer sus derechos de libertad de expresión y participación ciudadana; niveles históricos de detenciones y persecución sistemática de la población que exige libertad y democracia, mediante procesos judiciales sin garantías del debido proceso y el uso del aparato del Estado para criminalizar a los disidentes.
La CIDH subraya una tesis central: esta crisis no puede disociarse de un sistema político que impide a los ciudadanos organizarse y demandar cuentas. Al mismo tiempo que se impide realizar reformas para restablecer la separación y la independencia de los poderes públicos y mejorar las condiciones de vida, en un contexto de partido único, ausencia de elecciones libres y pluralismo político.
Al tiempo que reiteran su preocupación por las sanciones externas, los organismos subrayan que la responsabilidad primaria por el bienestar de la población recae en el Estado, cuyas políticas restrictivas y modelo de partido único constituyen la causa estructural del desastre.
A partir de este marco institucional podríamos afirmar que, es necesario profundizar en las causas que sostienen esta agonía. Si bien el “embargo” y la presión arancelaria han tenido un impacto sensible en la sociedad, el modelo interno de planificación central ha mostrado una inviabilidad absoluta. Cuba se ha transformado en un dependiente crónico de subsidios externos (desde la ex-URSS hasta la actual crisis en Venezuela, así como México).
El embargo puede haber agravado ciertos déficits, pero no explica por sí solo el colapso. La retórica del asedio externo funciona, en gran medida, como un pretexto oficial para justificar la escasez y evitar las reformas esenciales que pondrían en riesgo la permanencia del poder político y militar.
Superar esta situación caótica requiere una transición que sea tanto económica como humana. Ninguna reforma será sostenible sin un marco legal transparente y democrático que incluya:
Apertura y Estado de Derecho: Restaurar la separación de poderes y un sistema judicial independiente que garantice seguridad jurídica a los ciudadanos y a la inversión.
Pluralismo Político: Permitir la organización de la sociedad civil y elecciones libres donde los gobernantes respondan a la ciudadanía y no a los dogmas de un partido único.
Dignidad Humana: La liberación de los presos políticos y el respeto a la libertad de pensamiento son requisitos indispensables para detener el doloroso éxodo que descapitaliza al país.
Estas reformas internas son, a su vez, la vía más efectiva para coadyuvar al levantamiento definitivo de las sanciones internacionales. Tras 67 años de dictadura, Cuba ha pasado de estar a la vanguardia de los indicadores sociales en 1959 a convertirse en un Estado fallido cuya principal exportación es su propio capital humano. El desarrollo de la nación ha sido sacrificado en el altar de la supervivencia de una élite; recuperar ese futuro es hoy una urgencia humanitaria.
