Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles que como país hemos tenido en las últimas fechas, con la presión del imperio sobre nosotros y concretamente sobre el gobierno actual.
La situación económica, por más que se diga, no está muy bien; así lo indica la caída del PIB en el primer trimestre de este año. Pero también están saliendo a relucir los costos crecientes de las macro obras que el gobierno anterior, sin la menor planeación, se empeñó en realizar. La SHCP está teniendo que apoyar permanentemente dichos proyectos, la mayoría a cargo de militares.
La iniciativa privada va y viene a Palacio con grandes declaraciones, pero en realidad la inversión no fluye en los montos requeridos, entre otras cosas, por las dudas crecientes sobre nuestro sistema judicial, que paso a paso va acumulando desconfianza. Y no solo los inversionistas extranjeros están temerosos, sino también muchos mexicanos.
Adicionalmente, este año tenemos el inicio de las negociaciones sobre el T-MEC, que de por sí ya era incierto que llegaran a buen puerto, y con los acontecimientos recientes su desarrollo favorable se vuelve aún más difícil.
Desde que salió en los medios la decisión del fiscal de Nueva York sobre el todavía gobernador Rubén Rocha y varios de sus principales colaboradores, entre ellos destacadamente el actual senador de la República por el estado de Sinaloa, la difusión de comentarios en los medios y redes nacionales, ha sido extraordinaria y abundante en un solo sentido: que sí hay elementos suficientes sin necesidad de esperar a que los estadounidenses nos los envíen.
Por ejemplo, hay dos hechos que la prensa ha difundido en su momento profusamente, que lo involucran directamente con el Cártel de Sinaloa. El primero, y quizás el más grave, es su elección como gobernador en 2021, que fue un desastre. Está documentado y denunciado no solo por el candidato del PRI, actualmente diputado federal.
Lo que hizo el cártel fue una operación masiva de amenazas para favorecer al candidato de Morena, con hechos tan burdos como secuestrar al secretario de organización del PRI días antes de la elección para obtener los nombres y direcciones de los representantes de casillas, y así llegar a ellos. Inclusive, según las denuncias presentadas, varios candidatos a diputados locales fueron “levantados” el mismo día de la elección.
¿Hicieron algo las autoridades electorales, el Gobierno estatal e incluso el Gobierno federal ante tal cochinero? No, y ahora deberán pagar las consecuencias.
El otro hecho es el todavía no aclarado asesinato del exrector Héctor Melesio Cuen, donde según la información disponible, el cártel iba a fungir como intermediario entre el gobernador Rocha y Cuen, por cierto, ambos ex rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, con el paso del tiempo, enemigos políticos
Dicha reunión no se llevó a cabo, y lo que sí ocurrió es que asesinaron a Cuen en el lugar donde lo habían citado. Luego, el Gobierno del estado, a cargo de Rocha, inventó la patraña de que lo habían asesinado en otro sitio para robarle el coche. Fue tan burda la maniobra que la Fiscalía General de la República intervino para desmentir tal versión. Nunca ha quedado bien aclarado lo que sucedió realmente.
Si en su momento se hubieran realizado las investigaciones correspondientes sobre ambos hechos por parte de una autoridad responsable y no partidaria, la situación del gobernador sería otra. Pero resulta que el Gobierno federal anterior optó por no hacer nada y proteger, confiando en que el tiempo borraría los temas y, como vemos, no ha sido así.
La Fiscalía General de la República, mientras los estadounidenses le envían la información, podría abrir carpetas de investigación sobre ambos hechos y quizás comprobar que hay elementos suficientes para cumplir con la extradición del gobernador y sus secuaces.
