El anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, cayó como un balde de agua fría. Un gran jurado federal en Nueva York lo acusa, junto a nueve funcionarios más, de conspirar para importar narcóticos a territorio estadounidense, posesión de armas y de haber recibido apoyo y sobornos del Cártel de Sinaloa —específicamente de la facción de los Chapitos—, a cambio de protección y de colocar operadores afines en puestos clave.
Rocha niega los cargos y los califica de motivados políticamente. Es la respuesta previsible. Pero más allá de su defensa, lo que queda al descubierto es un patrón que ya resulta incómodamente familiar: cuando la justicia mexicana se paraliza, se diluye o simplemente no actúa, es Estados Unidos quien termina poniendo orden en nuestra casa.
No es la primera vez. Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública, fue condenado en Nueva York a más de 38 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa mientras supuestamente lo combatía. El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, fue detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación; México lo recibió, lo liberó argumentando falta de pruebas y luego la DEA mostró la evidencia que tenía.
Joaquín “El Chapo” Guzmán fue capturado aquí, pero juzgado y condenado a cadena perpetua allá. El mismo esquema se ha repetido con otros operadores, políticos y militares de alto nivel.
Este fenómeno no se limita a México. Nicolás Maduro, en Venezuela, también ha sido acusado y sancionado por Estados Unidos por narcotráfico, entre otras graves imputaciones.
Lo incómodo de reconocerlo es que revela una verdad dolorosa: nuestras instituciones de justicia y seguridad siguen siendo débiles frente al poder del crimen organizado. Cuando un gobernador de un estado tan estratégico como Sinaloa es señalado de haber negociado con los herederos del Chapo para llegar al poder, la humillación no viene principalmente de Washington, viene de la constatación de que el narco sigue infiltrando las estructuras del Estado mexicano.
La soberanía es un principio importante y debe defenderse. Pero la soberanía no puede convertirse en un pretexto para tolerar la corrupción ni para proteger a quienes supuestamente sirven al pueblo mientras pactan con los cárteles. La verdadera dignidad nacional no se defiende con discursos altisonantes, sino con la capacidad real de investigar, procesar y castigar en su propio país a los corruptos sin importar su cargo o su partido.
México necesita urgentemente fortalecer sus propias instituciones: una fiscalía autónoma y eficaz, inteligencia confiable y un sistema de justicia que no se doblegue ante el miedo o el dinero. No para complacer a Estados Unidos, sino para dejar de depender de él. Mientras sigamos fallando en esta tarea básica, Washington seguirá siendo, paradójicamente, el actor que más presión ejerce y más resultados obtiene contra las redes que corrompen a México.
Al final, la pregunta que debemos hacernos como sociedad es dolorosa pero necesaria: ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando que sea otro país el que haga el trabajo sucio que nosotros mismos deberíamos estar haciendo? Hasta que eso ocurra, seguiremos viendo cómo Estados Unidos impone orden donde nosotros no podemos o mejor dicho, no queremos.
