La caída del fanfarrón

1ER. TIEMPO: linchamiento selectivo. En este país, hay políticos de primera y el resto. Hay justicia discrecional, donde los de primera siempre salen impunes, y el resto, perseguidos. Acabamos de ver la gran película del México bajo el control de Morena, donde la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue perseguida con sevicia acusándola de traidora a la Patria por haber autorizado un operativo contra el narcotráfico con la participación directa de la CIA. Jurídicamente, Campos violó la Ley de Seguridad Nacional, como también lo hizo la CIA. Pero lo mismo aquí, no es lo mismo. En el Senado, donde se indignaron por qué no aceptó una invitación donde la iban a emboscar, se olvidaron que tan responsable una como la CIA, pero esta selección de las especies no fue por la mera aplicación del fenómeno de la parcialidad de variables. Detrás del deseo de aniquilarla se encontraba la mano del senador Adán Augusto López, que aprovechó el momento para impulsar el linchamiento para proteger a su protegida, la senadora Andrea Chávez, que quiere ser gobernadora de Chihuahua. Torpe él y de visión corta quienes le hicieron caso -incluido el líder de la bancada, Ignacio Mier-, que no se les ocurrió que en el espejo de Campos quien se iba a reflejar era el senador. Campos violó la ley, aunque en su descargo moral lo hizo en el combate al narcotráfico. El senador que movió las piezas para acabarla, es visto, por las investigaciones en su contra, como un criminal por el gobierno de Donald Trump. Lo más público es que nombró como su secretario de Seguridad cuando gobernó Tabasco, a Hernán Bermúdez Requena, actualmente en la cárcel por haber fundado y encabezado La Barredora, un grupo criminal que era brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur del país. López dice que nunca se enteró de nada y sus camaradas de Morena, además del gobierno federal, lo tienen como intocable. No lo tienen investigado en Estados Unidos solo por eso. También por haber introducido a México, para exportar al norte, carne supuestamente de Nicaragua que, en realidad, era venezolana, que provocó el cierre de la frontera al ganado mexicano bajo el pretexto del gusano barrenador. También por el tráfico de minerales cuya ruta es por Chihuahua, lo que preocupa en Washington por la posibilidad de que Chávez, que maneja él, sea gobernadora. El senador también está metido en el contrabando de combustible, de acuerdo con las investigaciones estadounidenses, que conectan con uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, consideran en Washington, también salpica este negocio criminal. Se equivocaron de embestida y se les olvidó que nos encontramos en un momento donde el gobierno de Estados Unidos, ya no les va a dejar pasar nada.

2DO. TIEMPO: Se metieron con quien no debían. La cruzada político-electoral contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue contra la persona equivocada. No porque no hubiera violado la Ley de Seguridad Nacional, sino por la forma como la quisieron crucificar en el Senado, por instrucciones de Adán Augusto López. Comenzaron a hacerlo al alimón con la presidenta Claudia Sheinbaum, que decía que había habido una violación a la soberanía -por la participación de los agentes de la CIA en una operación contra el narcotráfico en ese estado-, que provocó una reacción que no vieron venir, la del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, en un evento en Los Mochis hace dos jueves. Johnson afirmó que la corrupción en el régimen obradorista era un obstáculo para la inversión, y que si el gobierno de Claudia Sheinbaum no actuaba para abrir investigaciones contra políticos corruptos vinculados al crimen organizado, el Departamento de Justicia se encargaría de ello. Johnson se lo había dicho personalmente a la presidenta en enero, pero no hizo nada. Las ofertas del presidente Donald Trump de que fuerzas estadounidenses apoyaran a las mexicanas en acciones operativas contra el crimen organizado, fueron siempre rechazadas por la presidenta, argumentando la defensa de la soberanía. En Chihuahua le enseñaron lo que piensan de su retórica. La CIA acordó operativos contra los cárteles este año -van tres de ellos- de manera bilateral, pero no con Palacio Nacional, sino con Chihuahua. Si la presidenta no quería, Estados Unidos, cansados de esperar que actuara, intervinieron. Campos colaboró en los términos que estaban solicitándole a Sheinbaum, que al descubrirse por el trágico accidente donde murieron dos de los agentes de la CIA que participaron en el desmantelamiento de un laboratorio del Cártel de Sinaloa, quedó expuesta esa cooperación en la intemperie. Las encendidas protestas de la presidenta contra la CIA fueron apagadas por Johnson que le lanzó agua fría en Los Mochis, donde pronunció su discurso, quizás el más violento que haya realizado un embajador en la historia reciente, amenazando y lanzando un ultimátum. Qué lugar para hacer su admonición. Junto a él se encontraba el gobernador Rubén Rocha Moya, que fue imputado por Ismael “El Mayo” Zambada, ex jefe del Cártel de Sinaloa, de tener relaciones orgánicas con el crimen organizado, y que jugaba a la vez con Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos. Rocha Moya debería de estar en la cárcel, acusado de complicidad con el crimen organizado, pero ha sido protegido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por su sucesora, lo que no es ningún salvoconducto, ni garantía para vivir en libertad, por las acusaciones en su contra en Washington, o de vivir, punto, por las deudas que tiene con el Cártel de Sinaloa por traidor. Estos tiempos no están en manos de Palacio Nacional, ni en las de él, sino en las de Estados Unidos y el crimen organizado.

3ER. TIEMPO: el verdadero traidor de la Patria. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, era el enlace del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Cártel de Sinaloa. Era con quien arreglaba las candidaturas en Sinaloa y Durango, y el apoyo de los sicarios de la organización criminal a Morena en las elecciones. López Obrador tenía otro gobernador que manejaba la caja de los ingresos criminales del Cártel de Sinaloa, que actualmente es un activo, léase, informante, del gobierno de Estados Unidos. El modus operandi se repetía. López Obrador avaló que el entonces líder de Morena, Mario Delgado, estableciera una relación con Sergio Carmona, llamado “el rey del huachicol”, que financió candidaturas a gobiernos estatales en 2021. Carmona, de acuerdo con una investigación de la DEA y la Marina mexicana, tenía dos socios políticos, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, y Ricardo Peralta, a quien nombró director de Aduanas, subsecretario de Gobernación y le autorizó que hablara con las cabezas de los narcos para pacificar el país. De ese acuerdo criminal salió el dinero para las victorias de siete gubernaturas en el norte del país, como Marina del Pilar Ávila, de Baja California, que cuando le canceló Estados Unidos la visa quiso renunciar, pero López Obrador le ordenó no hacerlo. López Obrador vio al crimen organizado como un apoyo político, y construyó, como aseguran los investigadores en Estados Unidos, una economía criminal alterna, donde su segundo era el general Audomaro Martínez, a quien nombró director del Centro Nacional de Inteligencia, y sus operadores el senador Adán Augusto López, y otro de sus cercanos, el actual subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, a quien usó en su sexenio para neutralizar el fraude multimillonario que hicieron los suyos en Segalmex, y mantener desde ahí otros negocios como la importación de ganado venezolano, disfrazado de nicaragüense. El árbol de la corrupción y vinculación de políticos con el crimen organizado, de lo que habló el embajador Ron Johnson en Los Mochis, no es un solo árbol, sino un bosque. López Obrador fue el arquitecto de esa estructura político-criminal. Cuando se habla de traición a la Patria, el primero en la lista, no hay duda, es López Obrador.