México enfrenta una de las crisis de desapariciones más graves de su historia reciente. Más de 132 mil personas están desaparecidas en el país, según cifras oficiales. No es solo una crisis: es una tragedia prolongada que ha crecido entre la violencia, la impunidad y, sobre todo, la inacción de las autoridades. Porque en México no solo desaparecen personas; también desaparecen las respuestas. La dimensión real del problema no está en el número, sino en lo que revela; un Estado que ha fallado de manera sistemática en buscar, investigar y encontrar.
Ceci Flores buscó a su hijo durante siete años. Siete años caminando bajo el sol, escarbando la tierra con sus propias manos, sin acompañamiento real del Estado, sin una investigación eficaz que le indicara dónde buscar. Hace unos días, la prueba de ADN confirmó lo que ella ya había encontrado: los restos de su hijo estaban ahí. Siete años para obtener una respuesta que el gobierno fue incapaz de darle. No es un caso aislado. Es el síntoma más crudo de un abandono sistemático.
En México, los colectivos de búsqueda integrados, en su mayoría, por madres han tenido que asumir una responsabilidad que no les corresponde: salir al campo, abrir fosas, identificar restos. Lo hacen sin protección, sin recursos suficientes y, muchas veces, enfrentando amenazas. Lo hacen porque el Estado, simplemente, no llega. O peor, llega tarde, mal o nunca.
Las fiscalías acumulan expedientes sin resolver, las investigaciones se estancan y los protocolos fallan una y otra vez. La impunidad no es la excepción: es la regla. Y en ese vacío institucional, las familias quedan solas, obligadas a convertirse en buscadoras, peritas y defensoras. Mientras tanto, desde el poder se insiste en matizar cifras, en cuestionar metodologías, en diluir responsabilidades. Se administra el discurso, pero no la crisis. Se debate el número, pero no se resuelve la ausencia. Y esa distancia entre la narrativa oficial y la realidad es, también, una forma de violencia.
Porque la desaparición no termina cuando alguien se esfuma. Se prolonga en cada día sin avances, en cada llamada que no llega, en cada carpeta que no se mueve. Se profundiza cuando las autoridades no buscan, no investigan o no protegen. Se convierte, entonces, en abandono.
México es hoy un país donde las madres tienen que cavar la tierra para encontrar a sus hijos, mientras las instituciones observan desde la distancia o reaccionan sólo cuando la presión es insoportable. Un país donde el dolor se volvió rutina y la negligencia, costumbre.
Ceci Flores no encontró justicia. Y en un país donde el Estado ha fallado de manera tan constante, incluso eso, hallar restos por cuenta propia, se convierte en un acto de verdad frente a la ausencia, frente al abandono y frente a una autoridad que, durante demasiado tiempo, ha decidido no mirar.
