El 2 de abril de 2026, México recibió una de las señales más serias que puede emitir el sistema internacional de derechos humanos. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó, por primera vez en su historia, el mecanismo de urgencia previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección Internacional de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, llevando la situación del país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es un gesto menor ni un trámite más. Es una medida excepcional, reservada para escenarios donde la gravedad de los hechos exige atención internacional inmediata. México, hoy, se encuentra en ese escenario.
El mensaje del Comité es claro y, al mismo tiempo, profundamente inquietante. Sin señalar responsabilidades penales individuales (porque no es su función) concluye que existen indicios sólidos de patrones reiterados, generalizados y sistemáticos de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. No estamos ante casos aislados. Estamos ante una violencia persistente que se repite en distintas regiones y momentos, y en la que, de una u otra forma, confluyen acciones, omisiones o tolerancias de actores estatales y no estatales. El estándar del derecho internacional, reforzado por el Estatuto de Roma, es claro: la responsabilidad del Estado no se limita a lo que hace, sino también a lo que permite que ocurra.
La respuesta del gobierno mexicano ha seguido un camino desafortunado: cuestionar el informe, matizar sus conclusiones y enfatizar que el problema recae, principalmente, en el crimen organizado. Sin embargo, este enfoque resulta insuficiente frente a los estándares internacionales. Cuando el Estado no logra prevenir, investigar ni sancionar estos hechos, o cuando existen indicios de tolerancia o participación de autoridades, la responsabilidad no desaparece. El problema deja de ser exclusivamente de seguridad pública y se instala, de lleno, en el ámbito de los derechos humanos.
Lo más delicado no es que el Estado defienda su actuación (eso es comprensible), sino que esa defensa parezca desconectada de la experiencia cotidiana de miles de familias. El Comité no habla desde la distancia ni la improvisación. Lleva más de 15 años observando, documentando y dialogando con México. Ha reconocido avances legales importantes, pero también ha señalado, con consistencia, que estos no han sido suficientes. La impunidad sigue siendo la regla, la judicialización de los casos es mínima y la crisis forense continúa desbordada. Las cifras (fosas clandestinas, restos sin identificar, personas desaparecidas) no son solo datos: son señales de una realidad que no ha cambiado de fondo.
Y, sin embargo, detrás de esas cifras hay algo más importante, se trata de personas. Historias. Familias que buscan. Madres que recorren el país con una pala y una fotografía, esperando encontrar algo que les permita cerrar una herida que nunca debió abrirse. Ellas no discuten metodologías ni interpretaciones jurídicas. Ellas buscan. Y en esa búsqueda han asumido tareas que corresponden al Estado, muchas veces en condiciones de riesgo y abandono.
Por eso, más que una discusión técnica, este momento exige una reflexión ética. México tiene ante sí una oportunidad relevante. El proceso que se abre en la Asamblea General no es una condena automática, sino una invitación a cooperar, a fortalecer capacidades, a corregir el rumbo. Pero esa posibilidad solo puede aprovecharse si se parte de un reconocimiento honesto de la realidad.
Negar o minimizar la crisis no la hace desaparecer. Al contrario, la prolonga. Y mientras se discuten diagnósticos, las familias siguen buscando, día tras día, con una mezcla de dolor, dignidad y esperanza. Frente a eso, la responsabilidad del Estado no es ganar el debate público, sino responder a esa búsqueda con acciones concretas.
Porque, en última instancia, esto no trata de informes ni de instituciones. Trata de personas que faltan. Y de un país que aún tiene la oportunidad (y la obligación) de encontrarlas.
