Esta semana conmemoramos el triunfo de la Revolución mexicana, la caída de la dictadura y el nacimiento de un gobierno democrático en el que toda necesidad y toda ideología tienen cabida, siempre a través de las vías institucionales creadas y plasmadas en la Constitución de 1917 con ese mismo propósito: dar un cauce pacífico y armonioso a las muchas diferencias que han ido forjando la identidad de nuestra Nación.
Paradójico resulta que, en estas mismas fechas, haya tenido lugar una marcha de repudio a la corrupción y a la inseguridad que predominan en el panorama político nacional –con eco manifiesto en la prensa nacional e internacional–, la marcha de la Generación Z, en la que se escucharon consignas del pueblo agrupado que, a todo pulmón, evocó a la “¡Revolución!”.
El movimiento armado que se convocó en sus inicios para derrocar al general Porfirio Díaz en 1910, acabó por cobrar a lo largo del tiempo la vida de entre uno y dos millones de mexicanos, según los historiadores. Curiosamente, se atribuye esa cifra de muertes a la caída del dictador, cuando en realidad éste permaneció en el poder solo seis meses y once días a partir del inicio del levantamiento. Los muertos llegaron después.
Al promulgar el Plan de San Luis desde su exilio en los Estados Unidos, Francisco I. Madero llamó a las armas y al inicio de la revolución hacia el 20 de noviembre de 1910. Si bien hubo algunos levantamientos en esa misma fecha, fueron en realidad Villa y Pascual Orozco en el Norte, y Zapata en el Sur, quienes al final de ese año y comienzos de 1911 lograron victorias armadas simbólicas contra el ejército federal. El general Porfirio Díaz renunció al poder para evitar el derramamiento de sangre y se embarcó rumbo a Europa el 31 de mayo de 1911 a bordo del Ipiranga, desde donde nunca regresó.
Un análisis objetivo de la historia conduce a reflexionar sobre cómo, en México, la batalla civil y la derrama de sangre no derivaron directamente de la toma del poder, sino del vacío que produjo el derrocamiento del dictador. Fue la guerra intestina para acceder a la silla presidencial lo que dio paso a siete presidentes hasta la llegada de Plutarco Elías Calles el 1 de diciembre de 1924, así como al número de víctimas que hicieron de aquel levantamiento una huella perenne que marca y define el paso del tiempo hasta nuestros días.
Muchas lecciones podrían aprenderse de ese suceso armado si se pensara en la manera en que nuestros líderes deben conducirse para defender la paz social y la vida de los mexicanos. ¿Qué habría sucedido si el general Porfirio Díaz no se hubiera reelecto el 10 de julio de 1910 y hubiese permitido la llegada de un presidente electo democráticamente ese mismo año, como lo había sugerido en 1908? ¿Qué habría ocurrido si, como resultado de un ejercicio democrático, hubiera llegado al poder un partido político bien preparado?
La obstinación porfirista de permanecer en el poder y el arrebato maderista por derrocar al dictador produjeron una colisión que encendió al país y cobró la vida y el patrimonio de millones de mexicanos.
La enseñanza es invaluable, y la comprensión de aquello a lo que se aspira a través de una revolución debe conducirse por los cauces que dejan las experiencias ya vividas: en México, la revolución no debe tener otro camino más que el puramente institucional –sin aludir en modo alguno al PRI–. Los cambios deben canalizarse y materializarse a través de las vías democráticas que establece la Constitución.
Es la desobediencia de la ley, sin importar de quién provenga, o la torcedura y manipulación ilegítima del derecho, lo que puede descomponer el panorama social y político de México. Eso es lo que podría producir una nueva revolución en el contexto de la guerra sangrienta de principios del siglo pasado, que debe evitarse a toda costa.
En el mundo entero, ya no se llama a la guerra con el repique de campanas. La sociedad no se organiza en resguardos ni en habitaciones secretas, temerosa de ser descubierta. Los levantamientos ahora se articulan mediante mensajes y campañas que circulan a través de las redes sociales. El terreno es más inflamable que aquel en el que los maderistas pregonaron el sufragio efectivo y la no reelección.
No existen condiciones sociales para que en México se geste una revolución, pero tampoco queremos que lleguen a existir en ningún momento. La muestra de hartazgo ciudadano acontecida el sábado no debe desatenderse con descréditos ni negación, como si hubiera sido insignificante y no ocurriera nada en el país. Son muchos los escenarios de desgobierno que se han abierto, muchas las expectativas creadas y muy escasos los recursos, mientras crece la responsabilidad internacional que empieza a configurarse por los cambios abruptos en el régimen de gobierno que influye en la inversión extranjera confiada al país.
En el temprano análisis de lo sucedido el 15 de noviembre pasado, no puede negarse que el gobierno de México debe comenzar a sacudirse el lastre de la administración previa, abandonar la metodología de comunicación mañanera, facilitar el combate a la inseguridad mediante la asociación de nuestras fuerzas armadas con inteligencia extranjera, y retomar el rumbo tecnocrático de la gobernanza económica que permita recuperar la estabilidad que los mexicanos demandan.
