El regreso a clases 2026-2027 llega con un debate que genera más dudas que certezas. Mientras 17 entidades mexicanas regulan el uso de celulares en escuelas y la presidenta Claudia Sheinbaum pide analizar una política nacional, especialistas de la Universidad Iberoamericana lanzan una advertencia clara: restringir el teléfono es válido, pero insuficiente si no se acompaña de una política educativa amplia, porque prohibir sin educar no resuelve nada.
La discusión en la Ibero, con Cimenna Chao Rebolledo, Sandra Montes de Oca y Ricardo Ortega Soriano, sube el tono del simple “sí o no”. Chao Rebolledo insiste en que los dispositivos no son, por sí solos, herramientas pedagógicas ni fuentes inevitables de distracción: todo depende del propósito, el contexto y la mediación educativa. Montes de Oca recuerda que la evidencia de las prohibiciones es mixta. En Inglaterra, estas políticas redujeron el uso del teléfono en horario escolar sin generar diferencias medibles en el bienestar general de los estudiantes. Ortega Soriano va más lejos y habla de una “política de Estado” centrada en niñas, niños y adolescentes, que no se limite al salón de clases.
México no está solo. Según datos recientes de la UNESCO, 114 sistemas educativos —el 58% de los países— ya tienen alguna forma de restricción o prohibición de celulares en escuelas, frente a apenas el 24% registrado en 2023. Francia, pionera desde 2018, prohíbe su uso en primaria y secundaria, y para el ciclo 2026 amplía medidas hacia un entorno escolar libre de pantallas en otros grados escolares, con excepciones pedagógicas o médicas. Los Países Bajos aplican un esquema similar en secundaria desde 2024. China impuso restricciones estrictas años antes. En Estados Unidos, el debate se combina con demandas colectivas contra plataformas como Meta por el diseño adictivo de sus algoritmos, un tema que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha comparado con las tácticas de la industria tabacalera.
La evidencia académica, sin embargo, no es clara. Estudios en Inglaterra detectaron pequeñas mejoras en resultados de exámenes. Investigaciones en Noruega encontraron beneficios en calificaciones y menos visitas a psicólogos entre las estudiantes. Otros resultados internacionales no siempre se traducen en mejores promedios o mayor bienestar a largo plazo. La conclusión de los expertos de la Ibero es precisa: ni tecnofobia ni optimismo digital.
Aquí aparece la pregunta incómoda que el debate mexicano empieza a formular. ¿Qué está dispuesto a exigir el Estado a las empresas que diseñan plataformas que compiten directamente con el aprendizaje dentro del salón? Francia ofrece una lección de equilibrio: una restricción de redes sociales a menores de 15 años frente al derecho a la información. No se trata de blindar a la infancia de toda tecnología, sino de enseñarle a usarla con criterio.
¿En México podremos?
El verdadero riesgo no es el celular en la mochila. Es convertir la escuela en un espacio donde la atención se fragmenta sin que nadie enseñe a recuperarla. Una política de Estado inteligente debe formar docentes capaces de mediar, familias conscientes y, sobre todo, exigir a las plataformas diseños que no capturen a los menores como si fueran simples usuarios. Prohibir puede ser el primer paso. Educar es la opción. El futuro de la infancia mexicana no se decide solo apagando pantallas, sino encendiendo herramientas para comprenderlas.
