Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre la polémica en torno a los resultados sospechosos de miles de aspirantes que realizaron en línea el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), actualmente bajo la rectoría de Leonardo Lomelí Vanegas. Sin embargo, ¿qué está pasando realmente? ¿De quién es la culpa? ¿De los aspirantes o de la universidad? ¿Qué sigue para la máxima casa de estudios?
En un principio, todo bien, aparentemente; pero la crisis detonó tras la decisión de aplicar la prueba bajo modalidad remota mediante el software LockDown Browser y la plataforma Territorium Life. Lo que prometía innovación técnica derivó en un colapso institucional, pues los puntajes de corte en carreras de alta demanda como Medicina o Derecho se dispararon a niveles perfectos, superiores a 110 aciertos de 120 posibles, lo que relegaba casi de antemano a perfiles competitivos. La aplicación de exámenes idénticos por bloques facilitó la filtración de reactivos en redes sociales y el uso de inteligencia artificial en tiempo real. Aunque la UNAM canceló mil 117 pruebas por intentos de fraude y presentó una denuncia penal ante la FGR, el proceso de inscripción permanece en una parálisis a la espera del dictamen de una Comisión Técnica.
Improvisación e iniquidad digital
Atribuir el desastre únicamente a la deshonestidad de un sector de los aspirantes es un diagnóstico cómodo pero tramposo. La responsabilidad principal recae en las autoridades universitarias, quienes impusieron un modelo de evaluación digital para el cual la institución no estaba preparada. Privatizar la supervisión del examen en empresas externas vulneró los controles de seguridad que la logística presencial garantizó durante décadas. Más grave aún: la prueba en línea profundizó la brecha de desigualdad, pues premiaba indirectamente a quien tuvo recursos para contratar trampas tecnológicas o conexiones de alta velocidad, mientras castigó al estudiante promedio que carece de infraestructura óptima en su hogar.
El cuello de botella
Esta coyuntura debe conducir a una reflexión estructural sobre los números que asfixian el acceso a la educación superior pública. Año con año, cerca de 200 mil jóvenes presentan la prueba de selección, pero la tasa de ingreso por esta vía ronda apenas entre el 8% y el 10%. Esto ocurre porque cerca del 50% de la matrícula de licenciatura la absorben los egresados del CCH y la ENP mediante el Pase Reglamentado. Lo cual, en esencia, no es malo, pero si además ya no existen las condiciones para buscar el acceso de manera equitativa, esta deja de ser una opción asequible para quienes requieren de la educación pública.
Además, tan solo 10 carreras, encabezadas por Medicina, Psicología y Administración, concentran más del 60% de las solicitudes totales de aspirantes.
Con un cuello de botella tan estrecho, la alteración de los resultados adquiere dimensiones trágicas. Los miil 117 exámenes cancelados representan alrededor del 2% del total, una cifra que parece menor en términos porcentuales, pero que en la realidad altera drásticamente los puntajes de corte donde un solo acierto define el ingreso o el rechazo definitivo de miles de familias.
Defender la excelencia académica es una obligación irrenunciable para la UNAM, pero la excelencia no puede desligarse de la equidad. La máxima casa de estudios debe reponer la certidumbre, abandonar la improvisación digital y asumir que el mérito solo es legítimo cuando la cancha es verdaderamente pareja para todos.
La labor de Leonardo Lomelí no puede limitarse a una serie de acciones reactivas y correctivas. Si el desastre surgió con él al frente de la UNAM y es realmente consciente de cómo socavó la imagen de la institución, dejar el tema resuelto de manera tan laxa resultaría grotesco.
