En los grandes conflictos casi nunca es el hecho el que detona la crisis, sino la manera en que se administra. Eso está ocurriendo con el Bellavista Golf & Country Club, uno de los clubes privados más exclusivos del Estado de México, que preside René Wolf y dirige Ben Singer. Lo que durante años fueron reclamos aislados de vecinos por cristales rotos, techos dañados y vehículos golpeados por pelotas de golf, hoy escaló a una denuncia colectiva firmada por decenas de habitantes de la colonia Rincón Colonial, en Atizapán. El documento no solo enumera daños materiales; advierte que las pelotas invaden calles, jardines y patios donde diariamente conviven familias, adultos mayores y mascotas, y donde cientos de niños caminan para llegar a las escuelas de la zona.
Lo que sorprende no es únicamente el riesgo, sino la respuesta institucional del club. Lejos de anunciar nuevas medidas de seguridad o la instalación de barreras que impidan la salida de pelotas, Bellavista optó por difundir un protocolo interno que ha generado todavía mayor inconformidad. El documento establece que el responsable directo del daño es el jugador que realizó el golpe, que un comité integrado por el propio club investigará cada caso, que existe un plazo máximo de 72 horas para reportar el incidente y que el seguro cuenta con una cobertura limitada. Es decir, la institución donde se genera el riesgo se reserva el derecho de decidir si procede o no una reclamación.
Los vecinos ya no solo tocaron la puerta del club. También promovieron una denuncia ciudadana para solicitar la intervención de Protección Civil estatal y municipal, además de hacer un llamado a la gobernadora Delfina Gómez y al alcalde de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, para que revisen las condiciones de seguridad del campo. El argumento es que el riesgo ya no puede considerarse un asunto entre particulares cuando afecta el entorno urbano y la integridad de terceros. En su escrito, incluso advierten que, de persistir la falta de respuesta, acudirán a instancias judiciales para reclamar la reparación de daños y exigir medidas preventivas.
El punto de fondo es que un protocolo interno no tiene el alcance para modificar las obligaciones que impone la ley. La Ley General de Protección Civil establece como principio la prevención y la reducción de riesgos para la población, mientras que el Código Civil del Estado de México obliga a reparar los daños ocasionados a terceros cuando éstos derivan de una actividad desarrollada por un particular. Bajo ese contexto, trasladar la responsabilidad exclusivamente al jugador, limitar la cobertura del seguro o sujetar las reclamaciones al criterio de un comité interno no exime al club de las obligaciones legales que pudieran corresponderle frente a los vecinos afectados.
El caso podría convertirse en un precedente incómodo para los desarrollos deportivos y residenciales que conviven con zonas habitacionales densamente pobladas. Ningún reglamento interno puede sustituir las obligaciones que impone la legislación en materia de prevención de riesgos y reparación del daño cuando la actividad de un establecimiento genera afectaciones fuera de sus límites. En el gobierno mexiquense harían bien en no minimizar el conflicto. Nadie quiere que el nombre de Bellavista sea el centro de atención porque una pelota de golf, lanzada a más de 200 kilómetros por hora, golpeó a un menor que caminaba rumbo a la escuela. La prevención, en este caso, sería mucho menos costosa que las consecuencias de seguir mirando hacia otro lado.
Riesgo con Xcaret
La administración actual de The Dolphin Company solicitó ante el Tribunal de Bancarrotas de Delaware la autorización para vender sus principales activos y parques en México a Delphinus Blue Planet, filial de Grupo Xcaret, por 20 millones de dólares, un monto que, de acuerdo con la administración original de la empresa, se encuentra muy por debajo de la valoración realizada por los propios acreedores financieros. La petición fue presentada apenas tres días después de concluida la audiencia probatoria del 20 y 21 de julio y fue firmada por Rodrigo Constandse, en representación de Delphinus Blue Planet, y por Steven Strom, como representante designado por CiBanco a nombre de los acreedores Prudential Financial, The Cigna Group y Sculptor Equity Management. De acuerdo con la postura de Eduardo Albor y la administración original, la operación contraviene la resolución definitiva emitida el 30 de junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó la nulidad de su remoción, ratificó la vigencia del concurso mercantil y mantuvo la suspensión judicial que prohíbe vender, gravar o transferir los bienes de la empresa sin autorización del juez mercantil mexicano. Además, sostienen que la solicitud pretende concretar la venta antes de que la corte de Delaware resuelva la impugnación sobre la validez del procedimiento de bancarrota iniciado en Estados Unidos, lo que, de aprobarse, podría generar un conflicto entre resoluciones judiciales de ambos países. La administración original también advierte que la concentración de los principales activos de The Dolphin Company en un solo operador implicaría el control de más del 90 por ciento de los hábitats de mamíferos marinos en México, con posibles implicaciones en materia de competencia económica y turismo. A ello se suma la participación de CiBanco, institución que funge como agente de garantías de los acreedores y cuya actuación ha sido cuestionada por la administración original, al señalar que fue la entidad que impulsó a la actual directiva, cuya representación legal continúa siendo objeto de controversia dentro del proceso judicial.
Voz en Off
El arbitraje entre México y Vulcan Materials Company aún está lejos de concluir. Aunque el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó prácticamente todas las reclamaciones de la empresa y únicamente dio la razón en un punto relacionado con la clausura de un predio de Calica en enero de 2018, lo que derivó en una indemnización cercana al 1 por ciento de los 1,700 millones de dólares originalmente reclamados, el Gobierno de México mantiene en análisis los argumentos jurídicos para determinar si solicita la nulidad parcial de algún aspecto de la resolución. Tanto el Estado mexicano como la empresa aún disponen de un periodo para promover ese recurso y, mientras el plazo permanezca abierto, el procedimiento continúa bajo un esquema de confidencialidad. Pronto me aseguro conoceremos detalles. El desenlace dependerá de las decisiones que adopten ambas partes durante la etapa de revisión del laudo y de la eventual presentación de recursos, por lo que todavía podrían producirse nuevos episodios antes de que exista una resolución definitiva. Por ahora, el resultado representa un avance favorable para México frente a las pretensiones económicas originales de la empresa, pero la disputa internacional sigue abierta y aún quedan capítulos por escribirse…
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