Si la UNAM no hubiera descubierto y atajado con una medida extrema: suspender las inscripciones para los aspirantes aceptados en su concurso de selección 2026, estaríamos hablando de un fraude consumado que va más allá de los estudiantes tramposos y penetra las estructuras burocráticas de la institución. Pero, aunque a posteriori, los mecanismos de supervisión de la UNAM funcionaron.
La institución detectó un resultado anómalo y sospechoso que, por primera vez llevó a una parte de la generación postpandemia a obtener resultados muy por encima de la media histórica sin una razón educativa que lo justificara. Lejos de mirar hacia otro lado, la UNAM actuó en consecuencia. Denunció los hechos, canceló 1,117 exámenes por fraude académico, hizo público el increíble número de puntajes casi perfectos y, asumiendo el escándalo y sus costos políticos, al final el rector Leonardo Lomelí pausó las inscripciones, ordenó una investigación y creó un comité técnico de expertos para saber lo que ocurrió; más aún, puso sobre la mesa todas las opciones para enfrentar el intento de fraude: lo que incluye anular el examen de ingreso y reponerlo.
Gracias a la propia universidad y, hay que decirlo, al rector, el fraude quedó en tentativa porque no se consumó. Quienes buscaron ingresar a su licenciatura por cualquier vía, copiando, usando inteligencia artificial o comprando las respuestas del examen como parece que ocurrió, no están inscritos y no son alumnos de la UNAM porque la propia universidad lo evitó, sin detenerse por el costo en imagen que está pagando al hacer público que su concurso de selección fue vulnerado.
El escándalo desatado está justificado, pero el análisis de los hechos tiene un enfoque incorrecto, en algunos casos por desconocimiento y, en otros, por aversión personal a la principal institución educativa, científica y cultural de México. El caso ha servido para que los detractores de la Máxima Casa de Estudios salieran a las redes sociales a destilar el rencor que guardan contra la institución. Por supuesto que la UNAM tiene problemas y no son menores, pero la catarata de opiniones tendenciosas y juicios sumarios exhibe un sentimiento antiUNAM que no debe ignorarse. Calificar de nido de porros y mediocres a la institución por este episodio, cuando el fraude es de aspirantes y no de alumnos, es generalizar a sabiendas de que quien generaliza miente porque renuncia al rigor para forzar conclusiones prefabricadas y falsas. Distinguidos académicos universitarios como Solange Márquez o Raúl Trejo Delarbre ya han respondido, con amplitud y precisión irrebatibles, a opinadores como Pablo Majluf que han dejado clara su pobre opinión de la UNAM, pero a los unamitas les convendría entender que no toda la opinión pública está del lado de la universidad , que la institución tiene malquerientes, que está obligada a rendir cuentas y que necesita sacudirse en lugar de autoelogiarse como muchas veces ocurre.
Condenar a la UNAM por haber hecho público el intento de engaño es absurdo, prejuicioso y equivocado. Por supuesto que debe investigar, explicar y corregir, pues trabaja con recursos públicos y su misión también es garantizar movilidad social. Descubrir el intento de fraude académico, ventilarlo y denunciarlo legalmente, es un principio, insuficiente aún, de esa rendición de cuentas.
Lo que sigue es no dejar el caso solo en los estudiantes tramposos para convertirlo en un problema de ética en las juventudes y cerrar el expediente. Falta saber quiénes dentro de la UNAM traicionaron a la institución y al rector, pues la dimensión del fraude obliga a pensar en una distribución masiva del examen, algo que sólo pudo ocurrir con comnplicidad o negligencia internas.
Con quienes sean responsables de la filtración de información confidencial de la UNAM, el rector deberá ser más implacable de lo que ya ha sido con los aspirantes al suspender inscripciones. Para que la solución sea creíble y justa deben encontrarse responsables y deben rodar cabezas que no pueden ser menores. De otra manera el asunto se convertiría en un caso de encubrimiento que utiliza al eslabón más débil, los aspirantes, como chivo expiatorio, para encubrir a la Casta Dorada. Dejar las cosas hasta ahí sería desperdiciar la oportunidad de sacudir el árbol para hacer caer las ramas y los frutos podridos, que el rector Lomelí se fabricó cuando tomó el toro por los cuernos, aireó el problema y evitó que se convirtiera en otro caso de impunidad.
