En política, las campañas de contraste no siempre vienen de la oposición. A veces nacen dentro del propio movimiento y responden a la disputa anticipada por candidaturas, posiciones y cercanía con el poder. Eso parece estar ocurriendo en Puebla, donde la sucesión en la capital comienza a generar tensiones entre distintos perfiles de Morena, particularmente alrededor de Laura Artemisa García Chávez.
En este escenario ha comenzado a mencionarse el nombre del consultor Javier Sánchez Galicia, identificado públicamente como una persona cercana al gobernador Alejandro Armenta. Algunas versiones difundidas en círculos políticos lo señalan como la mano que asesora y máquina las campañas de desprestigio y las estrategias dirigidas a debilitar a determinados perfiles dentro del propio partido y favorecer a otros.
Desde la comunicación política, lo relevante no es únicamente determinar quién ordena o ejecuta una campaña, sino observar sus efectos. Cuando los ataques contra integrantes de un mismo gobierno se vuelven sistemáticos, coinciden en sus mensajes y aparecen de manera coordinada en medios y redes sociales, dejan de parecer críticas espontáneas. Se convierten en una narrativa y, por tanto, en una operación que exige revisar quién se beneficia de ella.
Sánchez Galicia recientemente estuvo trabajando con el dirigente del PRI, Alito Moreno y
su antecedente profesional también ha vuelto a colocarse bajo escrutinio. Su nombre ha sido relacionado con la gestión comunicativa del exgobernador Mario Marín durante la crisis provocada por la difusión de las conversaciones con el empresario Kamel Nacif, en el contexto del caso de la periodista Lydia Cacho. Aquella experiencia dejó una lección que continúa vigente: ninguna estrategia de medios puede corregir un problema político cuando se intenta sustituir la verdad con una narrativa defensiva.
Ahora se suma otro señalamiento que merece una aclaración institucional. Usuarios de redes sociales han afirmado que Piso 15 Editores, empresa vinculada editorialmente con trabajos de Sánchez Galicia, participaría en la elaboración de materiales impresos utilizados para difundir acciones del gobierno estatal. La existencia y el domicilio de la empresa pueden encontrarse en diversas publicaciones; lo que debería comprobarse mediante mecanismos de transparencia es si actualmente mantiene contratos con el gobierno, bajo qué procedimiento fueron adjudicados y cuál es su monto. Una publicación en redes sociales constituye un indicio o una denuncia pública, no una prueba definitiva.
Precisamente por eso, la respuesta adecuada no es descalificar las preguntas, sino transparentar la información. Si no existe relación contractual, conviene aclararlo. Si existe, corresponde explicar su legalidad, condiciones y mecanismos de selección. En comunicación gubernamental, el vacío informativo casi siempre termina ocupado por la sospecha.
El gobernador Alejandro Armenta enfrenta así un problema que va más allá de la disputa entre aspirantes. Si desde su entorno se toleran campañas internas o existen relaciones comerciales que puedan ser interpretadas como conflictos de interés, el costo terminará recayendo sobre su administración. Y si los señalamientos son falsos, también resulta indispensable desmentirlos con documentos, no solamente con declaraciones.
El fuego amigo también comunica. Habla de fracturas, intereses y falta de conducción. Morena todavía tiene tiempo para evitar que la competencia por Puebla se convierta en una guerra interna, pero para lograrlo necesita reglas claras, transparencia y deslindes oportunos. Porque cuando un gobierno no explica quién diseña sus mensajes, quién imprime su propaganda y quién financia las campañas contra sus propios integrantes, la comunicación deja de ser una herramienta de gobernabilidad y se convierte en parte del problema.
Ruta de los empaques
México es líder en la región en acopio de PET, con una tasa de recolección de 64%, sostenida en gran medida por una amplia red de recolección informal y acopio social. Sin embargo, el sector enfrenta barreras operativas en las plantas de reciclaje debido a la mala composición de los empaques. La Ley General de Economía Circular obliga a las empresas e importadores a asumir la Responsabilidad Extendida del Productor y adaptar sus empaques desde el origen. Para Martha Ricardi Velázquez, Directora de Estrategia para América Latina de la Association of Plastic Recyclers (APR), la estandarización técnica y el ecodiseño serán determinantes ante la aplicación de la nueva normativa. Las marcas deberán adaptar etiquetas y resinas, mientras las empresas avanzan en el registro de sus planes de gestión ante la Semarnat, que encabeza Alicia Bárcena. Aunque está pendiente el reglamento correspondiente, la falta de cumplimiento puede resultar más costosa.
