1er. TIEMPO: Lo que provocó Durazo. El 17 de octubre de 2019 se escuchaban los mensajes de voz que enviaban desde una casa blanca en el fraccionamiento Tres Ríos, una de las principales zonas residenciales y comerciales más lujosas de Culiacán, eran dramáticas. Era un miembro de las unidades especiales que se habían formado una década antes en la Policía Federal, que había capturado de manera rápida y sin un balazo, a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien el gobierno de Estados Unidos acusaba de ser el principal traficante de fentanilo ilegal a ese país. El agente le pedía por esa vía a su exjefe, que presionara a sus viejos conocidos en la Secretaría de Seguridad para que les enviaran el helicóptero para realizar su extracción, cuyo plan, probablemente, es lo más importante en ese tipo de operaciones. Pasaban los minutos y crecía la desesperación. “¡Que manden el puto Blackhawk!”, decía cada vez más exasperado. “¡Nos van a matar!”. El comando estuvo en la sala de su casa con Ovidio sentado enfrente, sin recibir ninguna instrucción. Quienes intervinieron en su detención no la consumaron porque nunca salió de su casa, limitándose a aplicar meramente la doctrina de abrazos, no balazos, para que “persuadiera” –verbo utilizado por el entonces secretario de la Defensa, general Luis Crecencio Sandoval – a sus hermanos, principalmente a Iván Archivaldo, a que dejaran de atacar a los militares y que permitieran la detención. Sus hermanos no le hicieron caso y duplicaron las amenazas. El comando que lo había capturado pidió refuerzos para sacarlo de ahí, pero nunca llegaron. La solicitud del helicóptero Blackhawk para extraerlo, tampoco. La única orden que recibieron, 45 minutos después, fue que lo dejaran en libertad. La inmovilización del equipo de extracción dependía del entonces secretario y actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien cuando fue cuestionado por la fallida operación, se limitaba a decir que él solo hacía un trabajo administrativo en el gabinete de seguridad, porque la planeación y las operaciones las realizaban los militares. Tiempo pasó para que en uno de esos arranques de entre protagonismo y cinismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él había autorizado la liberación de Ovidio -cometiendo un delito por omisión de responsabilidades-, y todavía pasó más tiempo para que se supiera que quien le pidió que lo liberara fue Durazo. Ese momento es paradigmático en el sexenio de López Obrador, y se convirtió en la primera evidencia pública -no judicializada- de la cooperación del gobierno con el Cártel de Sinaloa. López Obrador sigue arrastrando aquella acción en defensa de Ovidio, pero en el caso de Durazo, se sumó a años de sospechas e investigaciones sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
2º. TIEMPO: Viejas sospechas. Desde siempre, por si acaso y por las dudas, los presidentes mexicanos han ordenado revisar de manera regular sus oficinas para detectar si hay micrófonos escondidos. Otros, en años más recientes y sabedores de lo que pueden hacer las nuevas tecnologías prefieren hablar cosas delicadas afuera de sus oficinas, en patios, jardines o pasillos. Pero hay cosas que no cambian: el espionaje humano. En febrero de 2005, Nahum Acosta Lugo, que estaba a cargo de las giras del presidente Vicente Fox, fue detenido por la Procuraduría General de Justicia acusado de pasarle información de los viajes presidenciales a Arturo Beltrán Leyva, en ese entonces uno de los operadores más violentos del Cártel de Sinaloa, y a su hermano, Héctor. Acosta Lugo había llegado a Los Pinos en 2001, cuando Manuel Espino, que era uno de los dirigentes del PAN, lo recomendó con Fox. Acosta Lugo, sonorense, entró a trabajar bajo las órdenes de un paisano, Alfonso Durazo, quien era el secretario particular de Fox. Ocupaba el cuarto lugar en jerarquía de esa oficina, y la información que manejaba sobre las giras era muy sensible. La investigación sobre él la había realizado la Agencia Federal de Investigaciones, que encabezaba Genaro García Luna, que se interrumpió por una filtración que salió de la PGR, donde se mencionaba que iban por él. La difusión cambió el rumbo de las cosas. El procurador Rafael Macedo de la Concha ordenó su detención y lo arraigaron por delitos de narcotráfico. La investigación tras la captura encontró que Acosta Lugo había recibido 100 mil dólares por entregar la agenda de giras de Fox, y se amplió a Durazo, pese a que había renunciado al cargo meses antes, como testigo o posible implicado por la cadena de mando. La filtración, que nunca se supo de dónde había salido, interrumpió la investigación en curso de la Agencia Federal de Investigaciones, y ante la falta de pruebas, un juez lo exoneró. Nahum Acosta se refugió en Agua Prieta, Sonora, y hubo un intento fallido de Morena de hacerlo candidato a un cargo local. Espino abandonó el PAN y se sumó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose en uno de los principales promotores de un pacto con los cárteles para lograr la paz en el país. Durazo se fue tirando puertas de Los Pinos, renunciando en una carta de 19 páginas que corrigió Julio Scherer García, cuyo hijo Julio Scherer Ibarra, que tenía una vieja relación con Durazo, se lo presentó a López Obrador, quien lo acogió, encumbró como secretario de Seguridad y gobernador de Sonora, rompiendo con quien lo arropó, quien en un reciente libro reveló que llegó al poder en su estado con financiamiento del narcotráfico.
3er. TIEMPO: La viuda más exitosa de Colosio. A finales de los 80’s, desembarcando en la Ciudad de México procedente de Hermosillo, Alfonso Durazo llegó al Instituto Nacional de la Juventud, donde un conocido sonorense lo había recomendado con su director, Heriberto Galindo, que lo arropó y colocó en la escalera del poder. Una década después, Galindo lo llevó con Luis Donaldo Colosio, quien lo hizo su secretario particular. Durazo era el portero de su oficina, la abría y la cerraba para quienes tenían cita con Colosio, en el PRI, o en la Secretaría de Desarrollo Social, donde lo colocó el presidente Carlos Salinas para que le sirviera de plataforma de despegue a la Presidencia, y les servía café. Todo se frustró cuando asesinaron a Colosio en plena campaña presidencial en 1994, y buena parte del círculo cercano inmediato del candidato, se quedaron totalmente desenchufados, amargados la mayoría y los menos, como él, sin empleo. Cuando Ernesto Zedillo asumió la Presidencia que probablemente hubiera ganado Colosio, nombró a un nuevo fiscal para investigar el asesinato, Pablo Chapa Bezanilla. Dos días antes de asumir el cargo, me dijo que iba a meter a la cárcel a Salinas y a su ex jefe de Oficina, José Córdova, por el asesinato de Colosio. Pregunté si tenía pruebas y respondió: “No, pero las obtendré”. Poco tiempo después, Durazo tardó 45 minutos en llegar a una cena que teníamos prevista, y se disculpó diciendo que había estado largo tiempo con Chapa Bezanilla hablando sobre el caso. En ese encuentro, el fiscal encontró su leit motiv: el secretario particular de Colosio le aseguró que el asesinado lo había ordenado Salinas para beneficiar a Zedillo, a quien había recomendado Córdova como el candidato sustituto. Chapa Bezanilla nunca pudo probar nada y fue despedido por incompetente. Pero el veneno estaba sembrado, para unos, y la gloria para él, que se volvió en la viuda más exitosa de Colosio, lucrando con su muerte y engañando bobos, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que realmente pensaba que había sido el príncipe que le hablaba al oído al candidato asesinado. López Obrador era muy ingenuo en algunas cosas y se dejaba impresionar por la labia de algunas personas, como Durazo, de quien nunca le extraño que tras el asesinato comenzó a comprar propiedades, en Hermosillo y en Agua Prieta. Para 2016, ya dentro del círculo de confianza de López Obrador, ya era un empresario inmobiliario de medio pelo, pero con una enorme fortuna calculada, hasta ese año, en 350 millones de pesos. No todas sus propiedades habían sido incluidas en su declaración patrimonial, y en 18 de ellas, había numerosas inconsistencias. La más famosa fue una casa con vista a la playa en Bahía de Kino, que adquirió en 2012, durante la segunda campaña presidencial de López Obrador, propiedad de Amado Carrillo Barragán, hijo de “El Señor de los Cielos”, el último capo de capos que dividió en plazas el narcotráfico en México con sus viejos paisanos y parientes del Cártel de Sinaloa, por cuya presunta relación, hoy, Durazo está bajo investigación en Estados Unidos.
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