La posibilidad de imponer un cobro adicional a celulares, computadoras, tabletas, pantallas y memorias USB vuelve a colocar sobre la mesa una propuesta que, más allá de la justificación con la que se presente, terminaría afectando directamente a millones de consumidores mexicanos.
El llamado “moche digital” busca instrumentar una remuneración por copia privada que, según los reportes publicados, podría alcanzar hasta 2% del valor de determinados dispositivos capaces de almacenar o reproducir obras protegidas por derechos de autor.
Y aquí conviene poner un nombre sobre la mesa: Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Cantoral no es un actor ajeno a esta discusión. Desde hace años ha defendido públicamente la creación de un sistema de remuneración compensatoria por copia privada y la propia SACM ha documentado sus gestiones para que este mecanismo se instrumentara en México.
El problema es que el modelo parte de una lógica difícil de defender: no se cobraría por haber realizado una copia, sino por tener un aparato capaz de hacerla.
Una persona que compra una computadora para trabajar, una tableta para estudiar o un teléfono para operar su negocio quedaría bajo el mismo esquema que alguien que utiliza esos dispositivos para almacenar o reproducir obras protegidas. El uso real del equipo pasa a segundo plano; lo que importa es su capacidad tecnológica.
No es la primera vez que esta idea intenta avanzar. En abril de 2021, la Cámara de Diputados rechazó una propuesta en materia de copia privada con 291 votos en contra, 88 a favor y 59 abstenciones. El Congreso discutió el tema y decidió no aprobarlo.
Ahora, según los reportes publicados, se explora una ruta distinta para establecer el mecanismo mediante disposiciones reglamentarias que definan qué equipos quedarían sujetos al cobro, quiénes serían los obligados y cómo se calcularía la tarifa. Que una propuesta rechazada en el terreno legislativo resurja por otra vía debería, por lo menos, despertar suspicacias.
El argumento de que el pago recaería inicialmente en importadores o productores tampoco resuelve nada. Los costos forman parte de la cadena comercial y difícilmente una nueva carga desaparecerá antes de llegar al precio final.
Tampoco parece razonable calcularla como porcentaje del valor del equipo. Una computadora más cara pagaría más aunque su precio responda a un mejor procesador, una cámara más sofisticada o mayores capacidades de trabajo, no a una mayor utilización para copiar contenidos.
Además, millones de usuarios ya pagan por plataformas legales de música, películas y entretenimiento. Cobrar también por el dispositivo desde el que acceden a esos servicios abre una discusión inevitable sobre un pago adicional.
Los autores merecen una remuneración justa. Eso no está en discusión. Lo que sí debe cuestionarse es por qué la solución vuelve a ser trasladar el costo a todos.
México necesita reducir la brecha digital, no cobrar peaje por cruzarla. Si la creatividad merece protección, que se proteja al creador; pero convertir cada celular y cada computadora en una caja de cobro significa hacer algo mucho más simple: resolver el problema de unos cuantos con el dinero de millones. Y esa no es una política cultural. Es un mal negocio para los consumidores.
