Hay algo más profundo que una segunda licencia en Sinaloa: Rubén Rocha Moya dejó de ser solamente un gobernador cuestionado y se convirtió en un problema político para el propio movimiento que lo llevó al poder.
El dato es contundente. El 2 de mayo, Rocha pidió licencia por primera vez, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La acusación estadounidense sostiene que Rocha habría protegido operaciones criminales y participado en reuniones con integrantes del grupo. Son señalamientos gravísimos, no sentencias: Rocha los niega y México ha sostenido que no existen elementos suficientes para proceder contra él en los términos planteados por Estados Unidos.
Pero la verdadera ruptura ocurrió después.
Tras 112 días separado del cargo, Rocha regresó a la gubernatura el pasado viernes 21 de agosto. No volvió como un mandatario fortalecido por una investigación concluida, sino como un gobernador que decidió regresar mientras seguían abiertas las interrogantes políticas y judiciales. Y lo hizo sin el respaldo visible de Morena ni de la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas unas horas después, la realidad política lo obligó a solicitar una nueva licencia indefinida, aprobada por el Congreso local el 23 de agosto.
Aquí aparece la arista de oro: el problema ya no es solamente qué hizo Rocha; el problema es quién controla políticamente a Rocha.
Su regreso fue una prueba de autonomía. Y la respuesta fue inmediata: Morena cerró filas alrededor de Sheinbaum y se deslindó de la decisión del gobernador. El mensaje fue mucho más importante que la licencia misma: ningún gobernador, por poderoso que sea su grupo local o por cercano que haya sido al expresidente López Obrador, puede colocar al Gobierno federal ante un hecho consumado en una coyuntura tan delicada.
Por eso Sinaloa vive ahora una paradoja: Rocha conserva formalmente derechos políticos, pero perdió buena parte de su capacidad de interlocución. Puede tener cargo, fuero o licencia; lo que está en disputa es su autoridad política.
Y existe otro dato incómodo. Durante su ausencia, entre mayo y julio, los homicidios dolosos reportados fueron 292, frente a 430 en el mismo periodo de 2025; los robos también descendieron. Eso no permite afirmar que la violencia disminuyó “por la ausencia de Rocha”, porque sería una conclusión causal que los datos no demuestran. Pero sí permite formular una pregunta políticamente explosiva: ¿qué significa para un gobernador que su retorno coincida con la necesidad de explicar una crisis de seguridad que no ha desaparecido?
Sinaloa, además, no está simplemente “más tranquilo”. La violencia se ha desplazado. Culiacán dejó de ser el único centro de atención y Mazatlán, Concordia y San Ignacio han enfrentado una escalada preocupante. En la primera semana de agosto se reportaron 32 hechos violentos en Mazatlán, incluidos 14 asesinatos.
El riesgo, entonces, no es únicamente que Rocha vuelva o no vuelva.
El riesgo mayor es que Sinaloa quede atrapado entre tres poderes: el gobierno constitucional, el poder criminal y el poder político de Morena. Si esos tres espacios no tienen fronteras claras, la crisis deja de ser personal y se convierte en institucional.
La segunda licencia de Rocha no resuelve la crisis; solamente evita que la crisis tenga gobernador en funciones.
¿El gobierno interino tendrá realmente margen para gobernar o terminará administrando las decisiones, las redes de poder y los compromisos acumulados durante casi cinco años?
