Las cifras de seguridad en México suelen ser el centro de intensos debates políticos, y los datos del primer trimestre de 2026 no son la excepción. La caída del 33% en los homicidios dolosos durante el arranque del año invita a un análisis profundo que vaya más allá del optimismo oficial, permitiéndonos entender si estamos ante el éxito de una estrategia o ante una mutación en la forma en que se ejerce y registra la violencia en nuestro país.
Entender esta reducción requiere cruzar la información gubernamental con reportes recientes de seguridad para desarrollar postulados con mayor profundidad y matices críticos que permitan diferenciar los logros estadísticos de las realidades territoriales.
Desde la perspectiva del Gobierno federal, esta tendencia es el resultado de una política integral y coordinada entre la federación y los estados. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado una reducción del 40% en la tasa diaria de homicidios si se compara el inicio de su gestión a finales de 2024 con los registros actuales.
Esta narrativa sostiene que la combinación de programas sociales, como las ferias de paz y visitas casa por casa, junto con operaciones de seguridad estratégicas, está rindiendo frutos. Sin embargo, la paradoja de la estrategia reside en que, mientras se enfatiza la prevención social, las operaciones tradicionales y la detención de líderes criminales en zonas críticas como Sinaloa y Guanajuato siguen siendo el eje central.
Analistas independientes sugieren que estos resultados podrían ser también producto de inercias de políticas previas o factores cíclicos, y no necesariamente una consecuencia exclusiva de las nuevas tácticas implementadas.
Una posibilidad inquietante que debe explorarse es que la baja en los homicidios visibles no sea sinónimo de paz, sino de un control territorial hegemónico por parte de grupos criminales que han logrado imponer un orden criminal. En entidades como Sinaloa, Zacatecas o Michoacán, un grupo dominante puede optar por administrar la violencia para evitar la atención mediática y policial que generan las ejecuciones públicas.
Los datos parecen respaldar esta transformación: mientras los homicidios cayeron un 33% este trimestre, las desapariciones bajaron solo un 23% y los feminicidios un 15%. Esto sugiere que la violencia podría haberse desplazado hacia métodos más silenciosos como la extorsión sistemática o la desaparición forzada. Esta paz criminal es extremadamente frágil, pues depende de equilibrios internos del crimen organizado y no de la legitimidad o presencia real del Estado.
Asimismo, debemos considerar el factor técnico del subregistro y las fallas sistémicas en los registros de fiscalías que podrían distorsionar la realidad. Se ha detectado una clasificación discrecional donde algunas dependencias incorporan tentativas de homicidio en categorías como otros delitos contra la vida o lesiones graves, lo que reduce artificialmente la estadística oficial sin una reducción real de la violencia.
Además, la falta de actualización del estatus de personas desaparecidas es crítica; si una desaparición que termina en muerte no se reclasifica como presunta víctima de homicidio, la cifra de muertes violentas se mantiene baja de forma engañosa. Las anomalías persistentes en homicidios culposos y feminicidios sugieren problemas estructurales en la recolección de datos que requieren escrutinio.
Sin la verificación independiente del INEGI, que suele publicarse con meses de retraso respecto al Secretariado Ejecutivo, las cifras actuales deben tomarse con cautela extrema. La reducción de homicidios es un fenómeno real, pero multicausal y ambiguo que no puede atribuirse exclusivamente al éxito gubernamental sin evaluar otras hipótesis. Es fundamental cuestionar la narrativa de la seguridad exitosa para determinar si estamos construyendo una tranquilidad auténtica o una ilusión estadística que oculte riesgos mayores.
La pregunta clave que debemos plantearnos es si estamos ante una reducción real de la violencia o ante una transformación de cómo se registra y se ejerce en México. La respuesta determinará si las políticas actuales deben replicarse o si requieren una corrección urgente para garantizar una paz duradera basada en la justicia y el control efectivo del territorio por parte del Estado.
*Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
