En México hay más de 130 mil personas desaparecidas y, sin embargo, el tema no logra instalarse como prioridad sostenida. Aparece en momentos específicos, se menciona en cifras que ya casi se repiten de memoria y después se desplaza, como si no alcanzara a interrumpir del todo la inercia del país.
Ahí es donde está el problema.
Durante mucho tiempo se quiso leer como un asunto de seguridad, pero esa explicación se queda corta, porque desaparecer a alguien no es solo un acto de violencia, es la evidencia de que hay territorios donde las reglas básicas no operan. Implica tiempo, implica espacio, implica redes de complicidad y, sobre todo, implica la certeza de que la respuesta institucional será lenta o insuficiente.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido una línea de continuidad en el discurso: reconocer la crisis, fortalecer mecanismos de búsqueda, mejorar registros. En el papel hay avances, pero en la práctica la distancia sigue siendo evidente, porque la búsqueda no ocurre principalmente desde el Estado, sino desde las familias.
Y eso cambia completamente la lectura. Son madres, colectivos, personas que no tenían formación técnica hoy quienes hacen el trabajo de campo, abren fosas, identifican indicios, presionan a autoridades. No es una narrativa simbólica, es una realidad operativa. Mientras que las fiscalías que deberían sostener el peso de la investigación arrastran problemas estructurales que no se resuelven con voluntad política: falta de personal especializado, saturación, coordinación deficiente entre niveles de gobierno.
Entonces el problema no es que no se esté haciendo nada, sino que lo que se hace no alcanza.
Porque esto no se corrige con programas o anuncios aislados, requiere presencia efectiva en el territorio, capacidad de investigación constante y una estructura que funcione de manera homogénea. Y eso hoy no existe. Hay zonas donde el Estado responde, otras donde llega tarde y algunas donde su intervención no modifica el resultado.
Por eso cada vez que el tema escala a nivel internacional, la reacción cada vez se vuelve más incómoda. No porque el diagnóstico sea desconocido, sino porque obliga a reconocer algo más difícil de asumir: que no se trata de casos excepcionales, sino de un fenómeno extendido que no ha sido contenido.
Y ahí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve política; porque la desaparición de personas no es solo una crisis humanitaria, es una medida concreta de la capacidad del Estado para garantizar lo más básico. Saber dónde están las personas, poder encontrarlas, investigar lo ocurrido. Si eso no está asegurado, todo lo demás queda en segundo plano.
México no ha dejado de buscar, pero tampoco ha logrado encontrar; y mientras esa ecuación no cambie, el problema no es solo la magnitud de la cifra, sino la forma en la que el país ha aprendido a convivir con ella sin que eso modifique de fondo sus prioridades.
