En un contexto de extrema polarización ideológica, desconfianza ciudadana hacia las instituciones y hartazgo social por la inestabilidad política en la última década, el pasado domingo Perú celebró su segunda vuelta presidencial con dos candidatos con visiones opuestas. Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del expresidente Alberto Fujimori, abandera el conservadurismo (defensa de la familia, oposición al aborto y rechazo a la agenda de género); libre mercado y “mano dura” y militarización contra el crimen organizado, emulando estrategias de su padre. Es su cuarta postulación presidencial, llega al balotaje tras haber estado en prisión preventiva tres veces por presunto lavado de activos con Odebrecht, sin ser sentenciada penalmente.
En el extremo opuesto se encuentra Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), de la denominada izquierda progresista y nacionalista. Su agenda promueve justicia social, soberanía de recursos naturales y mayor intervención del Estado en la economía, reformas constitucionales y prioridades agrarias e indígenas. Sánchez se consolida como bastión del “castillismo”, respaldado en el legado del expresidente Pedro Castillo, condenado por “conspiración para la rebelión” tras intentar disolver el Congreso. En materia exterior busca una proyección latinoamericana alineada con gobiernos de los nombrados progresistas como México y Colombia.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al escrutarse cerca del 60% de las actas el domingo pasado y una elección muy cerrada, Fujimori aventajaba con el 52.6% frente al 47.3% de Sánchez. Se anticipa un recuento de votos prolongado que tomará días antes del resultado oficial. Ante posibles disturbios el gobierno interino desplegó 45,000 elementos de seguridad.
Un triunfo de Sánchez abre la expectativa de una pronta reconciliación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, permitiendo el retorno de embajadores. Al contrario, de ganar Fujimori congelaría el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México, formalmente rotas desde noviembre de 2025. La tensión escaló cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador desconoció al gobierno de Dina Boluarte, calificándolo de “espurio”, defendió al destituido Castillo y bloqueó el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico a Perú, dando cabida a su mayor parálisis histórica.
El detonante de la ruptura — aunque persisten lazos comerciales y consulares —fue la decisión mexicana en el periodo de Sheinbaum de otorgar asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por rebelión y conspiración, quien sigue refugiada en la Residencia mexicana en Lima; medida tildada por el legislativo “inaceptable injerencia en asuntos internos”. Ante estas fricciones, el Congreso de Perú declaró persona non grata consecutivamente a ambos mandatarios y al embajador mexicano. Actualmente, Brasil custodia los intereses en Perú, en tanto que especialistas y el Estado peruano han denunciado una constante interferencia mexicana en los asuntos internos. Este panorama refleja decisiones de corte dogmático que priorizan las afinidades ideológicas por encima del pragmatismo diplomático, evidenciando un sesgo personalista que caracterizó la agenda del expresidente mexicano y que mantiene continuidad en la administración actual.
Independientemente del ganador, el ambiente político y social en Perú arrastra un crónico descontento ciudadano e inestabilidad política al verse truncados los mandatos de ocho presidentes en la última década, ya sea por destitución del Congreso o por renuncias forzadas mediante la denominada “vacancia”. La continua caída de gobernantes debilita el desarrollo democrático, paraliza las políticas públicas y la diplomacia, consolidando un sistema político disfuncional e inoperante. La denominada “vacancia” es un mecanismo constitucional por el cual el Congreso puede destituir al presidente y que se ha utilizado recurrentemente con fines políticos.
