Cuando surge un conflicto familiar, muchas veces es necesario acudir a los juzgados y salas familiares para iniciar una demanda en la cual se determinarán muchos aspectos que marcarán la vida y el rumbo de la familia. En ese momento, hay que hacerse acompañar de un abogado.
La Constitución señala que toda persona puede dedicarse a la profesión que le acomode, siendo lícita. Dedicarse a lo que uno quiere y le gusta es un derecho humano fundamental que en México está regulado por la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, donde se determina qué profesiones requieren cédula profesional y título para su ejercicio, siendo que en la Ciudad de México (y en muchos estados de la República) es requisito para trabajar como abogado, en ciertas materias, tener título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, no basta con solamente haber terminado la carrera.
Al día de hoy, en algunos estados se ha reglamentado que los abogados que trabajen en materia familiar sean “especialistas en Derecho Familiar”, lo cual se cumple de diferentes maneras. Un abogado especializado en materia familiar puede entenderse como aquel que de manera cotidiana lleva juicios familiares y que ha adquirido experiencia a lo largo de los años trabajando propiamente entre litigios de divorcios, pensiones alimenticias, herencias o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, dentro de esta variedad de reglamentaciones encontramos estados en los que la especialización se entiende como:
- Haber cursado la materia de Derecho Familiar en la licenciatura, o;
- Tener cédula de especialista en Derecho Familiar, lo cual implica por lo menos año y medio de estudios después de la licenciatura, o;
- Tener cédula de maestría y haber cursado en ella materias de Derecho Familiar o haber orientado dichos estudios a esta área, lo cual significa por lo menos dos años más después de la licenciatura, o;
- Tener grado de doctor con estudios relacionados con Derecho Familiar, lo cual implica por lo menos cuatro años adicionales de formación académica.
Todos estos escenarios no implican necesariamente que se sea un mejor abogado, ni un mejor litigante, por varias razones.
La maestría está diseñada (aunque no todos los posgrados lo entienden así) para formar docentes, es decir, licenciados en Derecho que buscan difundir conocimiento. Ser maestro es ser profesor, no significa necesariamente litigar, ni llevar asuntos de conflicto familiar; significa tener habilidades para ser divulgador del conocimiento, para enseñar, lo cual muchas veces se traduce en dar clases en un aula, escribir artículos científicos o generar material académico.
El doctorado está diseñado principalmente para formar investigadores. Un doctor en Derecho tampoco tiene como objetivo principal ser litigante (aunque puede serlo), ya que su formación está enfocada en la generación de conocimiento científico mediante la investigación jurídica.
El estudio que realmente amplía y profundiza los conocimientos prácticos en una rama específica suele ser la especialidad, misma que no se imparte en todos los estados, ni en todas las universidades. Por ejemplo, en la UNAM la especialización de Derecho Familiar se imparte dentro del Programa Único de Especializaciones de la Facultad de Derecho. Esta especialización no siempre se oferta en todos los semestres, ni cada año, ya que depende de la demanda académica (del alumnado que lo solicite) y de los recursos institucionales (profes y salones) disponibles.
Sin embargo, más allá de los grados académicos, la verdadera especialización en materia familiar también se construye en los pasillos de los juzgados, en las audiencias, en el estudio constante de los criterios judiciales y, sobre todo, en la comprensión de que detrás de cada expediente existen personas, familias y, muchas veces, niñas, niños y adolescentes cuya vida puede verse profundamente afectada por una decisión legal.
Porque en materia familiar no sólo se trata de conocer la ley, sino de entender el impacto humano de cada decisión. No basta acumular grados académicos, sí no existe sensibilidad, ética profesional y compromiso con la justicia familiar.
Al final, la verdadera pregunta no debería ser únicamente qué grado académico tiene un abogado familiar, sino si cuenta con la preparación, la experiencia y la responsabilidad necesaria para atender conflictos donde no solamente se discuten derechos, sino también historias de vida.
Porque en los juzgados familiares no sólo se litigan expedientes: se resuelven historias personales que pueden definir el futuro de una familia.
