Somos testigos de los dramáticos acontecimientos que se siguen sucediendo en la Ciudad de Los Ángeles, California, y que se han extendido rápidamente a decenas de ciudades en los Estados Unidos. Los operativos desplegados para perseguir a ciudadanosorigen latinoamericano, incluyendo a nuestros paisanos mexicanos, en esa ciudad californiana, utilizandofuerzas federales de inmigración, inmediatamente desataron una masivareacción social.
La política anti-migrante del Gobierno de Donald Trump ha escalado a un punto que rebasa los límites de lo legal y de lo justo. Los operativos en Los Ángeles son auténticas “redadas”, es decir acciones de captura masiva de personas, basándose en su perfil racial, y no en su estatus migratorio. De la inicial promesa se deportar a extranjeros con cargos delictivos, Trump ha pasado a perseguir a cualquier ciudadano con apariencia de extranjero, aunque tenga sus papeles migratoriosen regla, muchos de ellos incluso con ciudadanía de los Estados Unidos.El despliegue de fuerza bruta ha generado un terror masivo en la ciudad, con centenares de miles de personas evitando salir de sus viviendas, llevar a sus hijos a la escuela y presentarse a sus empleos.
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La gente de esa ciudad, que hace 200 años era una ciudad mexicana, protesta masivamente en rechazo a esa política discriminatoria y racista, impulsada desde Washington. Sus movilizaciones recogen un sentimiento que está creciendo rápidamente enlos Estados Unidos. Los migrantes, fuerza determinante en la economía estadounidense y además un factor que contribuye a la diversidad cultural y social de la sociedad estadounidense, resienten esas expresiones oficiales de persecución y racismo. A pesar de todas sus contribuciones a los Estados Unidos, el discurso de Trump y sus acólitos pretende descalificar a la comunidad migrante, acusándola irresponsablemente de criminal y hasta de invadir ese país. El intento de imponer un impuesto a las remesas familiares no es sino otra expresión de la misma postura xenófoba.
Los acontecimientos en Los Ángeles no son sino la expresión de un sentimiento de indignación en la comunidad de migrantes, y en toda la gente progresista de los Estados Unidos. En lugar de recapacitar y disminuir su retórica anti-inmigrante, y las acciones represivas e inhumanas que derivande la misma, Trump ha decidido incrementar la violencia contra las comunidades de alta concentración de personas migrantes. Así, decidió enviar miles de efectivos militares, miembros de la llamada Guardia Nacional, a sofocar las protestas en Los Ángeles. Todo ello en abierto desafío al Gobernador de California, Gavin Newsom, cuyo visto bueno era requerido para semejante despliegue de fuerza. Peor aún. Trump amaga con invocar, de manera fraudulenta, una antigua legislación anti-insurrección, para reprimir con más dureza la protesta social. La realización por parte de algunas personas aisladas de actos violentos contra la propiedad pública y privada, se toma de pretexto para multiplicar las acciones represivas contra la gente de Los Ángeles, sin distinguir ya si son ciudadanos estadounidenses, residentes legales, solicitantes de asilo o personas con estatus migratorio irregular.
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Los acontecimientos que observamos en Los Ángeles como en otras ciudades de los Estados Unidos no son sino la demostración de una política migratoria fracasada e injusta, que se prolonga por décadas. Después de la última gran reforma migratoria, en el año de 1987, ningún gobierno en Washington, sea demócrata o republicano, ha dado pasos decisivos para resolver la problemática migratoria de manera humana y realista. En lugar de incorporar a la formalidad legal y social a millones de migrantes que constituyen una fuerza laboral determinante, en sectores como la construcción, la agricultura, el turismo y los servicios domésticos, en Estados Unidos se ha creado un gigantesco sistema de apartheid, que le niega al migrante sus derechos humanos fundamentales, sometiéndolos permanentemente a acoso y persecución, viviendo en una especie de inframundo legal, y ahora criminalizados por un gobierno de claros rasgos racistas.
México y su Gobierno han sido claros en el rechazo a tales políticas inhumanas. La migración no es un delito. Por el contrario, ha sido, es y seguirá siendo una opción para millones de personas en el mundo que buscan realizar su bienestar personal y familiar fuera de su país de orígen.
