Por años, la extorsión ha sido uno de los delitos más crueles y rentables para el crimen organizado en México, pero también uno de los más difíciles de combatir. El miedo de las víctimas a denunciar y la falta de acción de las autoridades han convertido este delito en una epidemia silenciosa que avanza sin freno, golpeando a comerciantes, empresarios, transportistas y familias en todo el país.
Hoy, el Gobierno federal quiere dar un giro de timón. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente una iniciativa de reforma que permitiría perseguir de oficio la extorsión en todo el territorio nacional, sin necesidad de que la víctima interponga denuncia. Se trata de un cambio legal que podría romper, por fin, el círculo del silencio en el que opera este delito.
“El ciudadano ya no tendrá que dar el primer paso, el Estado lo hará”, sentenció Sheinbaum desde Palacio Nacional, al advertir que este tipo de delitos ya no serán considerados “asuntos privados”, sino crímenes que ameritan una respuesta contundente desde las instituciones de seguridad y justicia.
El anuncio ocurre en un contexto crítico. Tan solo en el primer semestre del año, México ha registrado más de 5 mil carpetas de investigación por extorsión, aunque expertos advierten que la cifra real es mucho mayor, pues la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse. Detrás de estas cifras hay cuotas de piso, amenazas telefónicas, cobros ilegales a comerciantes, a transportistas, a empresas de construcción, gasolineras y tianguis.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a su vez, presentó un plan integral para enfrentar lo que calificó como una “epidemia” que afecta la vida económica y social de miles de mexicanos. La estrategia contempla inteligencia policial, trabajo financiero para rastrear las ganancias ilícitas y campañas para alentar las denuncias, pero ahora con la ventaja de que las fiscalías podrán actuar de oficio.
La iniciativa también responde a un vacío legal que favorecía la impunidad. Hasta ahora, las autoridades solo podían intervenir si había denuncia directa, algo que pocas víctimas se atreven a hacer por miedo a represalias. Con la nueva legislación, bastará una prueba, una llamada intervenida, una investigación en curso o un caso detectado por autoridades para iniciar un proceso.
El reto es inmenso. La extorsión no es un fenómeno aislado. En muchas regiones del país es parte del modus operandi de cárteles y grupos criminales que se han sofisticado y diversificado. Además, algunas de estas redes cuentan con protección de autoridades locales o cuerpos de seguridad corruptos. Por eso, combatir este delito exige no solo voluntad política, sino coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno.
El gobierno federal ha puesto el foco en la inteligencia financiera como parte de la ofensiva. “Perseguir el dinero es clave”, dice Harfuch, y eso es verdad. Por ello, se reforzará la colaboración con instituciones bancarias y empresas de telecomunicaciones para rastrear los flujos de dinero y bloquear cuentas ligadas a la extorsión.
La reforma busca mandar un mensaje claro: ya no habrá pretextos para no actuar. El Estado tomará la iniciativa para proteger a quienes hoy pagan “derecho de piso” en silencio, por temor a represalias.
El objetivo, aseguran las autoridades, es quitarle terreno al crimen y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos.
La iniciativa antiextorsiòn fue recibida por el Congreso de la Uniòn y es por ahora la cancha donde se discutirá… .
