Por mucho tiempo, afirmar que los animales eran “cosas” dentro del derecho resultaba incuestionable. Sin embargo, hoy esa afirmación comienza a ser claramente insuficiente, pues la ciencia ha demostrado que los animales sienten, sufren y tienen intereses propios; en consecuencia, ese entendimiento jurídico ha quedado superado.
Desde esa premisa, el Congreso de la Ciudad de México comenzó a trazar el reconocimiento, en la legislación local, de los animales como seres sintientes. Lo anterior no constituye una concesión simbólica, sino una corrección de fondo a una discusión histórica: la de seguir tratándolos como bienes, cuando por su propia naturaleza no debería ser así.
El dictamen que dio origen a esta reforma es claro: no existe coherencia entre considerar a los animales como objetos y, al mismo tiempo, reconocerlos como seres con consciencia, capaces de experimentar dolor y de desarrollar comportamientos intencionales. Esa disyuntiva legislativa es, precisamente, la que se busca resolver a favor de su protección.
Pero más allá del cambio normativo, surge una pregunta central: ¿qué implica, en términos jurídicos, la existencia de un vínculo afectivo con un animal y cuál debe ser la obligación del juzgador frente a una controversia familiar?
Porque quien ha convivido con un animal sabe que no se trata únicamente de una posesión, sino de un vínculo del que derivan cuidado, afecto y responsabilidad. Y cuando ese vínculo se rompe por ejemplo, en una separación, el problema deja de ser estrictamente patrimonial para convertirse en algo mucho más complejo.
¿Qué ocurre cuando dos personas disputan la convivencia con un animal que ha formado parte de su núcleo familiar? ¿Basta con acreditar la propiedad, o debe analizarse quién garantiza mejores condiciones de bienestar? Bajo el esquema tradicional, la respuesta siempre fue simple y muchas veces injusta: ya que se regía por las reglas de los bienes. Hoy, ese criterio comienza a resultar insuficiente.
El reconocimiento de los animales como seres sintientes introduce una idea que reconfigura el derecho familiar: no todo puede resolverse desde la lógica patrimonial. Este cambio no es aislado. La propia Constitución local ya había establecido que los animales deben recibir un trato digno y que toda persona tiene el deber de respetar su vida e integridad; la reforma en materia civil simplemente traslada esa obligación al ámbito de las relaciones privadas.
No se trata de equiparar a los animales con las personas ni de desdibujar categorías jurídicas. Se trata de algo más elemental: reconocer que el derecho no puede ignorar la evidencia ni permanecer ajeno a la evolución social.
El verdadero reto, a partir de ahora, no está en la norma, sino en su aplicación. En cómo jueces y abogados traducirán este reconocimiento en decisiones concretas que realmente protejan el bienestar animal, sin perder el equilibrio de las relaciones humanas.
En ese contexto, el juzgador ya no puede limitarse a una aplicación mecánica de las normas civiles tradicionales. La función jurisdiccional exige hoy un ejercicio interpretativo más riguroso, en el que el reconocimiento de los animales como seres sintientes opere como un verdadero parámetro de decisión.
Esto implica ponderar no sólo derechos patrimoniales, sino condiciones reales de cuidado, entorno, estabilidad y bienestar del animal, incorporando criterios que, hasta hace poco, parecían ajenos al derecho civil. Resolver estos conflictos como si se tratara de bienes intercambiables no solo resulta anacrónico, sino incompatible con el nuevo marco constitucional y legal. En otras palabras, el desafío no es únicamente normativo, sino metodológico: obliga a juzgar distinto.En este nuevo escenario, conceptos que antes parecían meramente coloquiales —como “perrhijos” o “gathijos”—, comienzan a reflejar una realidad jurídica emergente: la integración de los seres sintientes como parte de las dinámicas familiares. Lejos de ser expresiones triviales, evidencian una transformación social que el derecho familiar no puede ignorar.
Porque, al final, la justicia familiar no solo resuelve conflictos: también define qué consideramos valioso como sociedad. Y hoy, ese reconocimiento comienza a extenderse —con todas sus implicaciones—, hacia quienes nunca debieron ser vistos únicamente como cosas.
