La política exterior de la Casa Blanca ha vuelto a las formas del siglo XIX, pero con la potencia de fuego y el despliegue mediático del XXI. No nos llamemos a engaño: Nicolás Maduro es un dictador. Su gestión no solo hundió a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes, sino que secuestró las instituciones para perpetuarse. Sin embargo, su captura el pasado 3 de enero a manos de fuerzas especiales estadounidenses, bajo la “Operación Determinación Absoluta”, no puede celebrarse como una victoria de la democracia, sino como el acta de defunción del principio de no intervención en el continente.
Lo que vimos en Caracas es la versión 2.0 de la Doctrina Monroe. Donald Trump no ha hecho justicia; ha ejecutado un acto de bravuconería geopolítica que recuerda los capítulos más oscuros del intervencionismo estadounidense. Esta “justicia” por cuenta propia evoca la invasión a Irak en 2003 bajo la premisa —luego desmentida— de armas de destrucción masiva, o la operación en Panamá en 1989 para capturar a Manuel Antonio Noriega. La diferencia es que hoy, en la era de la “post-verdad”, el operativo se vende como un reality show para satisfacer a una base electoral sedienta de mano dura.
Lo más preocupante no ocurre en Caracas, sino en México. Resulta escalofriante observar cómo sectores de la ultraderecha mexicana, en su afán por golpear al actual gobierno, han salido a las plazas digitales a vitorear la violación de la soberanía ajena. Personajes como Lilly Téllez han elevado a Trump a la categoría de libertador, olvidando que el magnate ya puso la mira en nuestra frontera. Al declarar que “los cárteles gobiernan México” y sugerir que “habrá que hacer algo” con nuestro país, Trump ha lanzado una advertencia clara: el fentanilo es el nuevo “narcoterrorismo” que justifica la bota militar. Legitimar la intervención en Venezuela es, por extensión, abrirle la puerta a que mañana los drones estadounidenses sobrevuelen nuestro territorio. La derecha mexicana juega con fuego al invitar a un pirómano a su jardín.
Justicia en alta resolución
Mientras la geopolítica se resuelve a golpe de fuerza, en el terreno de lo cotidiano la justicia en México ha encontrado un nuevo e inesperado aliado: la lente del teléfono móvil. "¿Por qué el que graba no hace nada?”, solemos preguntarnos ante la pasividad del testigo. Sin embargo, en una época de ineficacia institucional, ese video es, a menudo, el único eslabón que impide la impunidad.
No hace falta ir tan lejos como la Primavera Árabe para entender el poder que las redes nos otorgan. Basta mirar el caso de Gaby Gómez, la mujer que arrastró por casi dos kilómetros el cuerpo de Roberto Hernández en una avenida ubicada en Iztapalapa, alcaldía gobernada por Aleida Alavez Ruiz. Muchos criticaron a los testigos por limitarse a ser espectadores con cámara en mano en lugar de una intervención física. Sin embargo, fue ese video viral el insumo principal de la opinión pública para exigir la captura de la mujer prófuga y para dar con ella. Gracias a la viralidad, la identificación fue inmediata. Sin ese clip, la identidad de la agresora sería solo un recuerdo borroso y no un objetivo nacional.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí más letal para la impunidad. Lo vimos con la caída de los “Lords” y “Ladys”, o en casos de mayor peso criminal como el de Fofo Márquez o la triste búsqueda de identidad en el caso de ‘calcetitas rojas’. Las fotos y videos dejan de ser un simple contenido de entretenimiento para convertirse en una prueba irrefutable ante el tribunal de la red.
La viralidad es, hoy por hoy, la punta de lanza de la acción gubernamental. Es triste reconocer que la justicia en México parece condicionada a la cantidad de shares o likes que recibe una denuncia. La participación ciudadana en redes sociales ha pasado de la queja pasiva a una suerte de fiscalía digital que no permite el olvido.
