Con el anuncio hace unos días de la credencialización del Servicio Universal de Salud, dará comienzo un largo camino que ha sido ansiado desde hace mucho tiempo: construir un Sistema Universal de Salud.
Una de las principales características de nuestro Sistema Nacional de Salud ha sido su profunda fragmentación, pues a lo largo de los años se han creado un sinnúmero de instituciones que de una u otra manera tienen entre sus funciones la de prestar el servicio público relacionado con la protección de la salud.
De acuerdo con el propio Gobierno de México el objetivo es que “las mexicanas y mexicanos cuenten con una identidad de salud para recibir atención en cualquiera de los sistemas públicos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar”.
Entre los detalles que se han dado a conocer sobre cómo con este sistema se piensa fortalecer al IMSS, al ISSSTE y al IMSS Bienestar, se ha revelado la creación de un sistema de compensación y la de un expediente médico digital. Asimismo, se prevé que a partir del 1º de enero de 2027 se comience con la primera etapa del intercambio de servicios que contempla la atención universal con continuidad médica, cobertura de embarazos de alto riesgo, infartos, eventos cerebrovasculares y tratamientos oncológicos.
Efectivamente, desde hace muchos años se ha apuntado la gran cantidad de complejidades a las que se enfrentan las personas usuarias o también derechohabientes (dependiendo de la institución en donde les sean prestados los servicios) que buscan atención médica que no siempre les es prestada de manera oportuna. Entre otras cosas, mientras existen personas que “están dadas de alta” en más de una institución y puede recibir la atención en todas ellas, hay quienes solo lo están en una o, incluso, también persiste la existencia de personas que no reciben atención de ninguna de ellas.
Si bien extender una red utilizando todas las capacidades del sector público para lograr en las personas un mejor ejercicio del derecho a la protección de la salud es indebatible, este esfuerzo requiere de leyes y políticas públicas alineadas y en las que también se incluyan instituciones públicas como los institutos de seguridad social estatales y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por ejemplo.
De igual manera, específicamente respecto del sistema de compensación los retos que conlleva la portabilidad de servicios son enormes y requieren de cambios muy profundos, pues temas como el subregistro de servicios, las diferencias en los costos unitarios dependiendo de la institución y la interoperabilidad administrativa, suponen un desafío mayor a la sola voluntad de llegar a un estadio al que se ha pretendido llegar por años. Por lo que hace al expediente médico digital los retos no son menores, pues también ha sido una pretensión largamente acariciada contar con un expediente clínico que se pueda llevar a donde se vaya, sin embargo, hoy en día los intentos han sido insuficientes y cuestiones delicadas como la protección de los datos personales no han sido debidamente solventadas.
Así, es plausible que finalmente el Gobierno de México ponga manos a la obra en un ambicioso y necesario plan que desemboque en contar con un Sistema Universal de Salud, no obstante, que ello sea lo limitado que es de acuerdo con lo que hasta ahora se conoce, corre el riesgo de generar problemas en su debida implementación y, derivado de que es un esfuerzo en el que solamente están implicadas instituciones del orden federal, puede traducirse en una carga financiera desproporcionada respecto de la Federación y las entidades federativas.
Por último, el hecho de que estas intenciones no vayan acompañadas de un incremento sustancial a los recursos invertidos en los servicios de salud, hará que solo se trate de intenciones que lejos de mejorar los servicios, imponga más presión a unas instituciones que a otras, recordando que muchas de ellas llevan tiempo están saturadas.
