Michoacán entró a una nueva etapa de seguridad. La Federación, bajo la conducción directa de Omar García Harfuch y con el respaldo absoluto de la presidenta Claudia Sheinbaum, puso en marcha una ofensiva sin precedentes contra las organizaciones criminales que secuestraron el Valle de Apatzingán y convirtieron la agroindustria del limón en un negocio de extorsión.
El asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero, no quedó en silencio ni se sumará a la estadística del olvido. Su muerte aceleró la operación federal y envió un mensaje contundente: el Estado no permitirá más impunidad ni cederá la economía del campo a intereses criminales.
Este 28 de octubre, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch encabezó una reunión con limoneros y autoridades estatales, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El mensaje fue directo: la extorsión terminará, los responsables serán detenidos y la Federación protegerá a quienes trabajan la tierra.
Ya hay dos detenidos por el asesinato de Bernardo Bravo, pero el objetivo es mayor: desmantelar la red criminal de grupos como Los Viagras, Blancos de Troya, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, el Cártel de la Virgen y el Cártel de Tepalcatepec.
La extorsión tenía tarifa. Dos pesos por cada kilo cortado y dos pesos por cada kilo empacado. Un cobro que, según autoridades de Michoacán, dejaba 3 mil 600 millones de pesos al año a la delincuencia. No solo era un negocio criminal: era un sistema de sometimiento económico.
García Harfuch no operará desde oficina. Pasará días —o semanas— en Michoacán supervisando personalmente la estrategia, como lo hizo en Sinaloa, donde la presencia federal permanente dio resultados. Su llegada al territorio es, por sí sola, un golpe político y operativo: no habrá zonas intocables, no habrá tregua y no habrá retirada hasta recuperar la región.
El Gabinete de Seguridad reforzará la coordinación con la Fiscalía de Michoacán y con la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Habrá inteligencia, investigación y despliegues militares y policiales para proteger al sector limonero y garantizar que el crimen no vuelva a controlar la economía del campo. Es una ofensiva integral, sostenida y respaldada directamente desde Palacio Nacional.
Si la estrategia se consolida, Michoacán puede convertirse en el caso modelo de la nueva política federal de seguridad: presencia territorial, inteligencia, coordinación real y voluntad política.
Harfuch y Sheinbaum enviaron un mensaje: la extorsión termina, la impunidad se acabó y el Estado recuperará la seguridad, la economía y la vida de la Tierra Caliente.
En Cortito: Nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dejó claro frente a empresarios de Coparmex Morelos que su gobierno mantiene rumbo firme, finanzas sólidas y resultados medibles, en una ciudad que durante años fue símbolo de abandono administrativo, deuda acumulada y parálisis institucional.
Los empresarios escucharon algo que pocas veces puede decirse en los municipios del país: Cuernavaca liquidó su deuda bancaria histórica y saneó pasivos heredados, incluyendo los del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) con la Comisión Federal de Electricidad.
Ese dato no solo tiene un valor financiero: es político. Un Ayuntamiento sin deudas recupera margen de acción, capacidad de inversión y credibilidad frente al sector productivo. Ese es el mensaje central de la administración de Urióstegui.
En materia de seguridad, el alcalde destacó la consolidación de un C4 modernizado, con tecnología de última generación, y una corporación policial dignificada, hoy la mejor pagada del estado, con capacitación constante y oportunidades de ascenso.
Mientras otras administraciones improvisaban o se limitaban a discursos, Urióstegui construyó estructura operativa, profesionalización y control institucional.
Los integrantes de Coparmex Morelos reconocieron los avances: coincidieron en que Cuernavaca exhibe hoy un dinamismo empresarial y de inversión sin precedentes, fruto de la coordinación entre gobierno y sector privado, y con una administración municipal capaz de garantizar orden, resultados y transparencia.
Bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado, Cuernavaca dejó atrás la crisis financiera y administrativa y se posiciona como un ejemplo de eficiencia, gobernabilidad y apertura al diálogo con la sociedad.
