Vivimos uno de los momentos más delicados del país ante el diferendo con el vecino del norte, un mandatario irresponsable capaz de decir y, lo que es peor, de hacer lo que se le ocurra, al menos de aquí a noviembre, cuando ojalá pierda la mayoría en el Congreso.
Pero en medio de esta situación arrastramos internamente varios problemas que no solo no se resuelven, sino que crecen. Como lo decimos en el título, la impunidad, la opacidad y la corrupción están minando las posibilidades del gobierno de salir adelante.
Y esto no aplica solo al gobierno, sino también al resto de las fuerzas políticas, como bien lo ejemplifica nuestro director editorial en su más reciente artículo, al comentar el caso de la alcaldesa de León, perteneciente al partido político Movimiento Ciudadano. Como lo expresa Alejandro Envila, “se trata de un caso de corrupción gubernamental que tiene como perpetradora y beneficiaria directa del peculado a la propia presidenta municipal en funciones de León”.
Por los mismos días, otra expresidenta municipal, la de Acapulco de Morena, quien renunció al cargo para buscar la gubernatura de Guerrero, logró echar abajo la investigación de la Auditoría Superior del Estado que le había detectado desviaciones por más de 800 millones de pesos, en base a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que argumentó correctamente que sólo la Auditoría Superior de la Federación puede auditar los fondos federales transferidos a estados y municipios. La candidata está feliz con la resolución. Nosotros preguntamos: ¿no sería posible que la ASF retomara el trabajo de la auditoría estatal y verificara si hay o no irregularidades?
Estos son casos de lo que llamamos impunidad, y se suman a los cada vez más frecuentes episodios de opacidad en los asuntos públicos en los que incurren las dependencias sin el menor recato, al grado de que la propia presidenta tuvo que intervenir ante el desfiguro de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el asunto del exgobernador de Coahuila, quien, por cierto, dice que permanece en su casa.
La opacidad viene del gobierno anterior, aunque éste la ha sostenido, con el propósito de eliminar la transparencia en los asuntos públicos. El gran éxito -para ellos-, fue la desaparición del INAI, que ha sido, creo, una de las peores decisiones del gobierno del supuesto “no mentir, no robar”.
Cuántas adquisiciones y obras públicas se declaran simple y sencillamente reservadas por un número determinado de años sin justificación real alguna. Y no digamos cuando se invocan las famosas palabras “seguridad nacional”, a las que las fuerzas armadas recurren con frecuencia en actividades que naturalmente no son de su responsabilidad: aduanas, aeropuertos, trenes, hoteles y lo que se vaya sumando.
Con esto último hemos caído en lo que muchos denunciamos durante años: extender la corrupción a las fuerzas armadas, echando por tierra otra de las aseveraciones peregrinas del expresidente, quien aseguraba que ellas no se corromperían. Ha ocurrido exactamente lo contrario: poco a poco, en las escasas denuncias públicas que salen a la luz, aparecen militares, marinos o elementos de la Guardia Nacional involucrados. La más reciente es el caso de la aduana de Matamoros, pero cada día se les menciona más, sobre todo en las actividades que les fueron irresponsablemente encomendadas por el Ejecutivo federal.
Es decir, más allá de los problemas con Trump, si este gobierno quiere pasar a la historia por algo que haya hecho, tendrá que aplicarse en los temas de impunidad, opacidad y corrupción porque, por muchos programas sociales que se otorguen, no será posible que la ciudadanía olvide la corrupción e impunidad de tantos servidores públicos de todos los niveles. Sería muy conveniente que sus asesores lean lo que ha pasado en otros países.
