La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el mes pasado su tradicional informe sobre cada país miembro de la organización, y creo conveniente reflejar lo que dice el llamado club de los países ricos, aunque, en aras de la verdad, no todos sus integrantes son tan ricos.
Empiezan haciendo una comparación de lo que llaman estadísticas básicas de nuestro país en relación con el promedio de todos los países miembros. Y hay algunos datos interesantes, como el de que, de los 130 millones de mexicanos que somos, el 24% es menor de quince años, mientras que en la OCDE es solo el 16%; y, en cambio, mayores de 65 años en México solo hay 8%, mientras que en la organización representan el 18%.
En materia económica, el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante en México es de 26 mil dólares y en la OCDE llega a 59 mil dólares.
En el sumario ejecutivo, si bien reconocen que la macroeconomía se ha mantenido estable a pesar de las barreras arancelarias y la incertidumbre que ronda en el mundo, apuntan que, como todos sabemos, el crecimiento económico ha sido muy modesto y que, tras dos décadas de un flojo crecimiento en la productividad, es necesario hacer reformas.
Reconocen que la pobreza se ha reducido, al pasar de 36% en el año 2022 a 30% en 2024, y publican dos gráficas interesantes sobre la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra economía. La primera de ellas, donde el crecimiento del PIB para este año lo calculan en 1.4% y para el que viene en 1.7%, es muy diferente a la apreciación de la SHCP y, por supuesto, demasiado moderada para hacer frente a las necesidades del país.
La otra se refiere al crecimiento del PIB per cápita, donde llevamos dos décadas de cifras pírricas en comparación con otros países miembros, como por ejemplo con varios de América Latina que, empezando con un índice de 100 en el año 2000, llegaron en 2024 a 160, mientras que nosotros apenas estamos en 103.
Hacen una serie de recomendaciones, como la necesaria baja de la tasa de interés por parte del Banco de México, reducir el déficit fiscal de manera gradual y mejorar la calidad del gasto gubernamental. Asimismo, insisten en que los proyectos de infraestructura deben ser sujetos a una evaluación técnica rigurosa, priorizándolos y con una rendición de cuentas que permita evitar los sobrecostos en las obras públicas. Seguramente han de tener noticias de los resultados de los macroproyectos del gobierno anterior y de sus resultados desastrosos.
Y, como muchos decimos, hay espacio para mejorar los ingresos fiscales; basta considerar que, como mencionan, de todos los miembros, somos el país con la más baja recaudación en relación con el PIB. Reconocen que la Ley de Responsabilidad Hacendaria es un buen paso para tener disciplina fiscal, siempre y cuando se eviten medidas discrecionales que impidan que se cumpla.
En un tema que hoy preocupa a mucha gente, manifiestan que la mejor manera de garantizar el crecimiento económico y la productividad es el fortalecimiento del cumplimiento de la ley, con una verdadera independencia del Poder Judicial que permita asegurar la confianza de los inversionistas. Y de paso, recomiendan mejorar los criterios de las futuras elecciones de los jueces para asegurar experiencia profesional y conocimiento.
En otro tema importante, argumentan su preocupación por la eliminación de la independencia de la autoridad encargada de la competencia y de otros reguladores, poniéndolos bajo la tutela de los secretarios de Estado. Proponen que, para asegurar la independencia de los miembros de estas instituciones, se desliguen de los tiempos políticos y, sobre todo, se garantice que los nuevos integrantes tengan los conocimientos técnicos necesarios y un presupuesto adecuado para desarrollar sus labores.
En la próxima entrega comentaré otros aspectos de este informe.
