La infraestructura pública determina cómo vivimos, cuánto tiempo dedicamos a las tareas cotidianas y qué oportunidades tenemos para estudiar, trabajar o participar en la vida pública. En otras palabras, la infraestructura también puede reducir o profundizar desigualdades.
En México, el gasto en obra pública pasó de 499 mil 283 millones de pesos (mdp) a 652 mil 961 mdp entre 2020 y 2026. No obstante, su composición revela una prioridad clara hacia la infraestructura económica, principalmente energía y transporte. Mientras que la infraestructura social (vivienda, salud, educación y agua, entre otros) ocupa un papel secundario.
La evidencia internacional muestra que la infraestructura social también produce rendimientos económicos significativos. Hospitales, centros de cuidado infantil y de atención para personas mayores, sistemas de agua potable, espacios públicos seguros y redes de transporte accesibles permiten que más personas participen en el mercado laboral y reduzcan los costos asociados con las actividades de cuidado.
Este aspecto resulta especialmente relevante para las mujeres quienes continúan asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La falta de servicios cercanos, transporte seguro o espacios de cuidado adecuados se traduce en más horas dedicadas a tareas que limitan sus posibilidades de empleo, educación y desarrollo profesional.
Por ello, incorporar la perspectiva de género en la infraestructura pública no significa construir obras exclusivas para mujeres, sino reconocer que las necesidades de movilidad, seguridad y cuidados son diferentes para distintos grupos de población y que las decisiones sobre la inversión pueden contribuir a cerrar o ampliar brechas existentes.
Existen ejemplos exitosos alrededor del mundo. Colombia desarrolló las Manzanas del Cuidado, espacios que concentran servicios para personas cuidadoras y dependientes. Uruguay construyó una amplia red de centros de atención para la infancia y personas mayores. Argentina estableció recursos específicos para infraestructura de cuidados dentro de su presupuesto de obra pública. Todas estas experiencias comparten una misma idea: el cuidado también es infraestructura.
México ha comenzado a dar algunos pasos en esta dirección. Los Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS, las UTOPÍAS de Iztapalapa o la Casa de las 3R en la Ciudad de México muestran que es posible construir espacios que combinen servicios, comunidad y bienestar. Sin embargo, estos esfuerzos aún son aislados frente a la magnitud de la inversión pública nacional.
En 2026, la obra pública se concentra principalmente en la función de Desarrollo económico, con 484 mil 093 mdp (74.14 % del total). A su interior destacan las funciones de Combustibles y energía con 279 mil 605 mdp (42.8%) y transporte con 199 mil 675 mdp (30.6%), dirigidos principalmente a proyectos de petróleo, gas natural, infraestructura ferroviaria y carreteras. Esta distribución refleja la prioridad otorgada a la infraestructura energética y de conectividad. Por su parte, las funciones de Desarrollo social concentran 165 mil 013 mdp (25.3%), destinados principalmente a vivienda, desarrollo regional, agua y salud. Dentro de este rubro sobresale el FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, con 118 mil 689 mdp (18.2% del total).
La discusión de fondo no es si debemos invertir en infraestructura económica o en infraestructura social, sino reconocer que ambas son complementarias. Una carretera puede conectar regiones y facilitar el comercio; un centro de cuidados puede liberar tiempo, aumentar la participación laboral y mejorar la calidad de vida de miles de familias. Ambas generan desarrollo, aunque de maneras distintas.
Durante décadas, la infraestructura se ha evaluado principalmente por los kilómetros construidos, la energía producida o la velocidad del transporte. Si busca mejorar el bienestar, también debe evaluarse por sus efectos en la vida cotidiana: cuánto tiempo ahorra, qué obstáculos reduce y qué tan efectivamente amplía las oportunidades de quienes han enfrentado mayores rezagos. El desarrollo también depende de que las personas puedan vivir, trabajar y cuidar en condiciones de mayor igualdad.
La investigación completa se puede consultar en www.ciep.mx
