En el marco del Día Mundial de la Salud, el lema de este año “Acción global para la cobertura universal en salud” nos recuerda que, garantizar el acceso a servicios esenciales sin que ello represente una carga financiera para las familias, sigue siendo una deuda pendiente en México. El CIEP analiza los avances y rezagos del sistema de salud mexicano entre 2018 y 2024 a partir de las tres dimensiones que definen la cobertura universal: afiliación, acceso a servicios y financiamiento.
El mayor retroceso está en la afiliación. El número de personas sin ninguna cobertura pública se duplicó en seis años, al pasar de 22.2 millones en 2018 a 47.7 millones en 2024. Las brechas son marcadamente territoriales: mientras en Nuevo León y Coahuila más del 75 % de la población reporta alguna afiliación, en Chiapas cerca de dos terceras partes no tienen cobertura pública. La credencialización del Servicio Universal de Salud anunciada por el Gobierno Federal apunta en la dirección correcta, pero la afiliación es solo la primera pieza del cubo: sin servicios disponibles y sin protección financiera, una credencial no garantiza atención.
Hay avances en acceso, pero las brechas persisten. El catálogo de diagnósticos e intervenciones del sistema público se plantea como una homogeneización paulatina que, no involucra actualmente la parte de protocolos estandarizados en todo el sistema. En cuanto al personal médico y de enfermería hay aumentos marginales, sin embargo, mantienen brechas. México registra 2.3 del personal médico y 2.7 del personal de enfermería por cada mil habitantes, frente a 3.7 y 9.2 en promedio en países de la OCDE. La infraestructura hospitalaria no creció al mismo ritmo: el número de camas por habitante se mantuvo estancado o incluso retrocedió en algunos subsistemas, lo que limita la capacidad real del sistema para responder a una demanda creciente.
El financiamiento sigue siendo el punto débil. El gasto público en salud pasó de 2.3 % a 2.6 % del PIB entre 2018 y 2024, pero mantiene una brecha de más de tres puntos respecto al mínimo internacional recomendado de 6 %. Mientras tanto, las consecuencias de una baja inversión pública se trasladan al gasto de bolsillo de los hogares que creció 40 % en el mismo periodo y, en el caso más extremo, las personas afiliadas al ISSSTE financian con recursos propios más de la mitad de su gasto total en salud.
Avanzar hacia la cobertura universal requiere actuar de forma simultánea en las tres dimensiones. México necesita una estrategia integral que combine expansión de la cobertura formal, fortalecimiento de la infraestructura y del personal de salud, y un aumento sostenido del financiamiento público que reduzca la dependencia del gasto de bolsillo como mecanismo de acceso a la atención.
Si no se toma en cuenta lo anterior, corre el riesgo de convertirse en una aspiración vacía si la afiliación avanza más rápido que los recursos destinados a sostenerla. Credencializar a millones de personas sin ampliar simultáneamente la oferta de servicios, el personal de salud y el presupuesto público genera una cobertura de papel: formalmente incluyente, pero incapaz de responder a la demanda real. Lee la investigación completa en ciep.mx
