En las últimas semanas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha ganado notoriedad gracias a que está próximo a decidirse la continuidad de la persona que funge como titular actualmente, o su relevo por otro perfil.
Desde hace mucho tiempo esta importante institución del Estado mexicano ha quedado envuelta en diversas polémicas gracias, básicamente, a los cuestionamientos que desde diversos sectores se le han lanzado por una supuesta falta de imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones.
En un país en que, como sucede en México, los altos índices de corrupción en los distintos órdenes de gobierno (y también en el sector privado) siguen dinamitando el desarrollo nacional, contar con instituciones dedicadas al combate de esta, que sean verdaderamente independientes, imparciales y se encuentren profesionalizadas, es fundamental. A pesar de que esto se conoce y de que a lo largo de los años se han creado normas, instituciones y procedimientos con la finalidad de por fin mitigar este fenómeno, lo cierto es que lo números negativos no han cedido y esto se ha presentado, en buena medida, por una clara falta de voluntad política.
Y es que es resulta inaudito que hoy en día el artículo 79 constitucional permanezca intocado desde el año 2016, lo cual es una clara muestra de la proclividad que en México se tiene para modificar frecuentemente las reglas de acceso al poder (por ejemplo, las reformas político – electorales emprendidas prácticamente después de cada elección federal) y, por lo que hace a las reglas para el ejercicio del poder, éstas sigan siendo las mismas que había hace varios años. Parte imprescindible de una democracia es que tanto unas como otras, respondan a las necesidades específicas del momento que se vive.
Por lo que hace a la ASF, hemos sido muchas las voces que apuntamos desde hace tiempo el riesgo latente que esta institución corre de actuar sin independencia y con una carencia de imparcialidad al ser parte de un órgano político como es la Cámara de Diputados. Si bien la propia Constitución lo dota de autonomía técnica y de gestión, lo cierto es que tanto su adscripción al órgano legislativo como su diseño institucional carente de contrapesos internos y muy centralizado en las decisiones de una sola persona, hacen de esta institución una con evidentes márgenes de mejora en donde esos tipos de autonomía suelen quedar difuminados en diversos momentos.
Han sido varios los momentos en que la labor de la actual persona titular de la ASF ha despertado suspicacias, yendo desde la destitución de personas en cargos importantes dentro de la organización, hasta la corrección posterior de datos dados a conocer por la misma. Teniendo la función de fiscalización la importancia que tiene es irreductible contar instituciones fiscalizadoras cuya autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad, resistan esas y muchas más pruebas.
Resulta revelador que más que discutir hoy sobre la pertinencia de la naturaleza jurídica de la ASF, o de su adscripción a un órgano político o sobre su diseño institucional, se esté debatiendo sobre el perfil de una sola persona en la que recaigan la mayoría de las decisiones relacionadas con la fiscalización superior.
Requerimos de una ASF verdaderamente autónoma (siendo la forma de organización administrativa conocida como autonomía constitucional la más acabada en nuestro país) en la que los contrapesos internos sean una realidad y la toma de decisiones se base en criterios técnicos por parte de más de una persona.
