El primer año de la administración actual se caracterizó por avances en contención del gasto y un notable incremento en la recaudación, pero no logró cumplir con las metas originales de control del déficit público. Dos elementos principales explican este desenlace: por un lado, un crecimiento económico mucho más débil de lo anticipado –la Secretaría de Hacienda proyectaba 2.5% para 2025 pero la economía apenas avanzó 0.7%–, lo que estrechó la base recaudatoria; por el otro, las transferencias extraordinarias a Pemex, que superaron ampliamente lo presupuestado y ejercieron una presión significativa sobre el balance fiscal.
Como consecuencia directa de estos apoyos adicionales a Pemex, la Secretaría de Energía registró un sobre ejercicio del 189% en su presupuesto, equivalente a 262.4 mil millones de pesos (mmdp). Para ponerlo en perspectiva, este monto representa más de cuatro veces (4.3 veces) el presupuesto total asignado a la Secretaría de Salud en 2025, que fue de 60 mmdp. En este escenario, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) –la medida de endeudamiento neto anual– cerraron en 4.8% del PIB, por encima del 3.9% estimado inicialmente. Aunque este nivel fue inferior al de 2024, se ubicó entre los más altos desde la crisis financiera global de 2008-2009 y superó la meta aprobada por el Congreso.
1.- Lo positivo. Uno de los aspectos más positivos del año fue el fortalecimiento de los ingresos públicos. La recaudación tributaria alcanzó un récord histórico de 5.35 billones de pesos, con un crecimiento real de alrededor del 4% respecto a 2024. Este avance se impulsó principalmente por el ISR y el IVA, superando en cerca del 1% lo programado. Estos resultados reflejan mejoras en la eficiencia recaudatoria y una mayor capacidad del Estado para captar recursos sin reformas impositivas. Esta solidez ayudó a mitigar recortes en el gasto social, permitiendo incrementos en rubros clave: el gasto en Estado de derecho superó lo aprobado en 13.8%; salud en 8.3%; ciencia y tecnología en 9%; y educación cumplió su programa.
Sin embargo, el mayor costo del ajuste se concentró en la inversión pública, que fungió como variable principal de ajuste. La inversión física cerró 10.4% por debajo de lo programado, alcanzando solo 770 mmdp –su nivel más bajo desde 2007– y registrando una caída interanual real del 28.4%. Este recorte sacrificó inversión productiva, comprometiendo el crecimiento de mediano plazo. Este patrón debilitó la denominada “regla de oro” del endeudamiento: en 2025, por cada peso adicional de deuda, solo se invirtieron 45 centavos en proyectos productivos.
2.- PEMEX: el lastre de las finanzas. Aunque los ingresos brutos del Gobierno federal superaron expectativas, al descontar las transferencias a Pemex resultaron 5.5% inferiores a lo previsto. Pemex aportó 240 mmdp a la Federación, pero recibió 396 mmdp en apoyos, generando una pérdida neta de 156 mmdp. Por primera vez, el Estado terminó subsidiando netamente a la petrolera. Paralelamente, la deuda pública alcanzó 18.7 billones de pesos (53.1% del PIB), su nivel más alto en 25 años. El costo financiero ascendió a 1.31 billones de pesos, un incremento real del 10% que reduce el margen fiscal para prioridades futuras.
Ante este panorama, es importante:
- Reorientar la consolidación fiscal hacia un enfoque equilibrado. Es imperativo evitar que la reducción del déficit recaiga desproporcionadamente en la inversión pública. Se debe priorizar el gasto con alto impacto multiplicador en infraestructura productiva y social para elevar el crecimiento potencial. Esto generaría una mayor recaudación natural y mejoraría la sostenibilidad fiscal a largo plazo sin comprometer derechos fundamentales.
- Revisar integralmente los apoyos a empresas públicas, especialmente Pemex. Se requieren criterios estrictos de eficiencia, rentabilidad y rendición de cuentas para cualquier transferencia. Es necesario considerar opciones como reestructuraciones operativas profundas, alianzas público-privadas y una diversificación energética gradual que reduzca la dependencia fiscal de la petrolera y libere recursos para sectores estratégicos.
- Profundizar el fortalecimiento recaudatorio y construir legitimidad fiscal. Se debe continuar el combate a la evasión mediante tecnología y simplificación administrativa, pero vinculándolo con una mayor transparencia. La ciudadanía debe percibir que sus contribuciones se traducen en mejores servicios públicos; solo mediante esta reciprocidad será posible avanzar hacia una senda fiscal responsable que combine disciplina con justicia intergeneracional.
- Blindar la inversión pública en el marco presupuestal. Resulta conveniente establecer pisos mínimos obligatorios para inversión física en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Asimismo, la creación de fondos específicos para proyectos de alto impacto evitaría que estos rubros sean los primeros en recortarse ante ajustes de emergencia o faltantes de ingresos.
- Fortalecer la gobernanza fiscal con planeación de mediano plazo. Es necesario desarrollar un plan fiscal plurianual a 5 o 6 años con escenarios realistas sobre crecimiento y precios del petróleo. Involucrar activamente al Congreso y a organismos independientes en la supervisión garantizará una rendición de cuentas efectiva que transforme las restricciones actuales en oportunidades de desarrollo nacional.
*Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
